MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -
Tres detenidos en la manifestación contra la reforma de las pensiones que elevó la edad de jubilación a los 67 años, conocida como el "pensionazo", celebrada en Madrid el 27 de enero de 2011, han recabado unos 750 apoyos a su absolución de cara al juicio al que se enfrentarán el próximo 21 de marzo, según ha informado a Europa Press uno de los acusados, Sergio Alonso.
Entre los apoyos recibidos en la campaña de solidaridad llevada a cabo a través de la página web 'absoluciondetenidospensionazo2011.wordpress.com' se encuentra el del eurodiputado de Podemos Miguel Urbán, así como el de numerosos concejales de Ahora Madrid (Rita Maestre, Mauricio Valiente, Nacho Murgui, Celia Meyer, Pablo Soto, Javier Barbero, Guillermo Zapata, Carlos Sánchez Mato, entre otros) y diputados de Podemos en la Asamblea de Madrid.
También se han sumado personas del mundo de la cultura (Alberto San Juan, Juan Carlos Mestre o Marta Sanz), intelectuales y profesores universitarios (como Jorge Riechmann o Jaime Pastor) y activistas.
Además, dentro de la campaña se desarrollarán diferentes actos, como un recital de poesía el miércoles 15 de marzo, con el objetivo de denunciar la situación de estos tres acusados, que aseguran que sus detenciones fueron "completamente arbitrarias", y "manifestar que manifestarse, valga la redundancia, no es delito", ha indicado Alonso.
"Por acudir a la manifestación no tenemos que ser condenados", ha aseverado, al tiempo que ha señalado que "reclamar que la edad de jubilación se quedara en los 65 años es una demanda de sentido común".
Según el relato de los acusados difundido en un comunicado, Alonso "se interpuso entre la policía y su compañera cuando iba a ser golpeada mientras se alejaban de la manifestación", pero "la policía argumenta que tiró una botella contra ellos y le piden dos años y medio de cárcel y el pago de una indemnización y responsabilidad civil".
Otro de los detenidos, Luis Francisco Díaz, "se encontraba fotografiando los incidentes, y la policía explica que se abalanzó contra ellos, aunque existe un vídeo que demuestra lo contrario", tal y como aseguran los acusados. Para él "piden casi 4 años de cárcel".
Finalmente, Ricardo Ruiz, que portaba una bandera republicana, está acusado de referirse a la policía como "perros maderos" y por ello reclaman un año y dos meses.
Además, se les exige una multa de Delegación del Gobierno de 6.000 euros a cada uno por los mismos hechos, la cual está paralizada hasta que se resuelva el proceso judicial.
Los acusados sostienen que estuvieron dos noches y tres días en los calabozos y que los cargos aumentaron cuando solicitaron el parte de lesiones tras ser detenidos.
Tras participar a título individual en la manifestación convocada por el sindicato CGT, que transcurrió con normalidad hasta el final, fueron detenidos en la plaza de Canalejas, donde tras la lectura del manifiesto se produjo una carga policial.
Estuvieron retenidos desde el 27 por la tarde hasta el 29 a medio día, cuando supieron de qué se les acusaba, siempre conforme a su relato, según el cual fueron acusados de atentado a la autoridad, desórdenes públicos y, "después de solicitar un parte de lesiones", también de delito de lesiones además de faltas de respeto a la autoridad.
"SE NOS ACUSA INJUSTAMENTE"
"Consideramos que se nos acusa injustamente de unos hechos que no cometimos, que fuimos victimas de una operación policial más preocupada en cubrir cupos de detención que de detener realmente a los que mientras nosotros ya estábamos detenidos causaron multitud de altercados por las calles de Madrid aquel día", sostienen.
"Han sido seis años de retrasos sin justificación; un período dilatado de tiempo que ha ahondado en la incertidumbre y desasosiego que todo el proceso está generando en nosotros y en nuestro entorno", critican los acusados.
"Afrontamos el juicio con firmeza, con la seguridad de nuestra inocencia, pero igualmente queremos denunciar la situación, exigimos nuestra absolución y pedimos apoyo", agregan.
