La Asamblea tramitará la Proposición de Ley de Cs para garantizar un Canal "público" gracias al voto de González Moñux

 

La Asamblea tramitará la Proposición de Ley de Cs para garantizar un Canal "público" gracias al voto de González Moñux

Operación de la Guardia Civil contra la corrupción en el Canal de Isabel II
EUROPA PRESS
Publicado 22/06/2017 13:39:24CET

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS

La Asamblea de Madrid ha aprobado este jueves la toma en consideración de la Proposición de Ley "para garantizar el carácter público del Canal de Isabel II" plateada por Ciudadanos gracias al voto de Elena González Moñux, que ha llegado a la Asamblea minutos antes de la votación y la ha abandonado justo después.

González Moñuz, de baja por depresión desde el mes de octubre, acudió por última vez a la Asamblea el 6 de abril para votar en contra de las enmiendas a la totalidad de los presupuestos de la Comunidad para 2017 presentadas por PSOE y Podemos, que fueron rechazadas con 65 votos en contra y 63 a favor, con la ausencia del diputado socialista Daniel Viondi.

El resultado de la votación sobre la proposición de Ley de Ciudadanos ha sido de 65 votos a favor y 64 en contra. PSOE y Podemos han rechazado la iniciativa de la formación naranja porque ellos han presentado otra Proposición de Ley sobre el Canal que prevé la disolución de la empresa Canal de Isabel II Gestión SA, para cuyo capital se previó la entrada de inversores privados, sin que se haya materializado la misma hasta este momento.

Sin el voto de González Moñuz, la Proposición de Ley de Ciudadanos hubiera decaído en caso de empate en la tercera votación. Al haber salido adelante, la Asamblea tramitará la propuesta de Ciudadanos, que bloquea así la de PSOE y Podemos.

La iniciativa de Ciudadanos modifica la Ley de Acompañamiento de 2008, de manera que establece que "la titularidad de las acciones que constituyen el capital social de la sociedad únicamente podrá corresponder a la Comunidad de Madrid y a ayuntamientos comprendidos en su ámbito territorial".

Asimismo, fija que la participación de la Comunidad "no podrá ser inferior, en ningún caso, al 51 por 100 del capital social" y que la participación de los consistorios se determinará "ponderando criterios de proporcionalidad y equidad, de acuerdo con lo previsto en el Contrato-Programa y en los convenios y encomiendas de gestión".

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