"Recurriremos la sentencia y esperamos que el TS reafirme su doctrina ya puesta de manifiesto en anteriores supuestos", añade
MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -
El delegado de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Juan Bravo, ha asegurado este miércoles que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que anula 57 artículos de la Ordenanza por la que se establece el Régimen de Gestión y Control de Licencias Urbanísticas de la capital "incurre en errores graves en la apreciación de los hechos".
En un comunicado, el concejal considera que "la sentencia incurre en evidentes errores en los hechos que tiene en cuenta" y cita como ejemplo que el fallo "pone de manifiesto que el Ayuntamiento sigue cobrando una tasa por la concesión de licencias además del precio que se paga a las ECLUs, lo cual es completamente falso, erróneo".
"La ordenanza que regula esa tasa fue derogada expresamente cuando entró en vigor esta ordenanza", apunta el edil, insistiendo en que "la sentencia, además de otros extremos, incurre en errores graves en la apreciación de los hechos que tiene que tener en cuenta a la hora de dictar sentencia".
Por ello, el Consistorio madrileño "interpondrán lógicamente un recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS) en los próximos diez días" al entender que "hay antecedentes en relación con el sistema de colaboración privada".
Así, las bases del recurso municipal se asentarán en la sentencia que el propio TS dictó en junio de 2007 que confirmaba la legalidad de la ordenanza de la capital sobre Conservación, Rehabilitación y Estado Ruinoso de las Edificaciones, revocando así otro fallo del TSJM, y que confirmaba el sistema de colaboración privada en la Inspección Técnica de Edificios (ITE) que rige actualmente.
"El propio TS ha entendido que, en el caso de la Inspección Técnica de Viviendas, era perfectamente viable la colaboración de empresas privadas a efectos de esa inspección. El mismo argumento del TS es el que emplearemos nosotros en el recurso que anunciamos este momento", ha reiterado Bravo.
LA ORDENANZA SEGUIRÁ EN VIGOR
Por otra parte, el delegado ha subrayado que "la ordenanza seguirá en vigor a pesar de la sentencia, toda vez que el recurso de casación suspende la ejecutividad de la sentencia (del TSJM)". "Por tanto, la ordenanza seguirá aplicándose en los términos en que venía haciéndose hasta ahora", ha insistido.
"Insisto: la ordenanza sigue en vigor, el Ayuntamiento recurrirá la sentencia y esperamos que el TS reafirme su doctrina ya puesta de manifiesto en anteriores supuestos", ha zanjado el responsable municipal.
BALANCE POSITIVO
A renglón seguido, ha asegurado que, tras un año de vigencia de esta normativa municipal, "el balance que hacen los empresarios de Madrid es sumamente positivo, toda vez que se han reducido sustancialmente los plazos de concesión de licencia" de casi un año a entre quince días y un mes, según el propio Consistorio.
De hecho, el pasado 23 de febrero el Ejecutivo local hizo balance de los permisos otorgados por la Agencia de Licencias durante el segundo semestre de 2010, cifrándolos el 3.698 permisos tramitados, de los que 2.848 ya han sido resueltos, 839 han sido requeridos al interesado por falta de documentación y once están pendientes de informe de otras dependencias.
Asimismo, se atendieron 122 consultas urbanísticas planteadas por los ciudadanos, de las que se han resuelto cien mientras el resto están requeridas. Respecto a los procedimientos de comunicaciones previas, se han registrado 1.249 expedientes.
Además, este organismo realizó 601 inspecciones de disciplina urbanística, de las que 46 tuvieron lugar en el distrito de Ciudad Lineal, 38 en Centro, 32 en Moncloa y 31 en Carabanchel.
Se realizaron también 170 requerimientos de subsanación de deficiencias en los locales --la mayoría por elementos no autorizados, como aire acondicionado o colocación de rótulos--, de los que se rectificaron 31 irregularidades detectadas.
De esta labor inspectora se derivaron 961 expedientes sancionadores en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas, así como 314 órdenes de legalización, paralización de obras y cese y clausura de actividades.
En total, la Agencia atendió a más de 1.600 madrileños entre julio y diciembre del pasado ejercicio, gracias al trabajo de 112 empleados, entre arquitectos, ingenieros, técnicos y administrativos, entre otros.
