MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de Bustarviejo, Raúl San Juan, ha solicitado a la Fiscalía Provincial de Madrid que investigue nuevos indicios de delito en el caso sobre las presuntas irregularidades en la construcción del Centro Cultural de Bustarviejo, un edificio que no se llegó a terminar y que se adjudicó por 600.000 euros a una empresa vinculada con el PP.
La sección de Medio Ambiente de la Fiscalía presentó una denuncia en el Juzgado de Instrucción de Torrelaguna contra dos arquitectos municipales de 2007 por la presunta comisión de un delito "contra la ordenación del territorio". La denuncia se presentaba a instancias del actual equipo municipal, en manos de la Agrupación Vecinal de Bustarviejo.
En el marco de la 'Operación Púnica', el alcalde de la localidad se dirigió hace un mes al fiscal provincial de Madrid, José Javier Polo, para preguntarle sobre la posición del Ministerio Fiscal respecto a nuevos delitos en la causa contra la Hacienda Pública.
San Juan ha relatado a Europa Press que, al margen de las presuntas irregularidades que podrían haber cometido los dos arquitectos municipales que diseñaron el proyecto, la empresa Arpegio sacó a licitación el proyecto.
Cinco empresas optaron a la adjudicación, entre ellas Vimac S.A., empresa donde figura Miguel Contreras --entonces tesorero del PP de Andalucía y gerente de la Empresa del Suelo de Andalucía--, según narra el alcalde de esta localidad madrileña.
La empresa obtuvo la máxima puntuación en todos los criterios y se hace con el proyecto, adjudicado por la empresa pública Arpegio. Detrás estaba el exconsejero delegado de Arpegio Eduardo Larraz Riesgo, de quien se ha destapado recientemente que tenía lingotes en Suiza, según publicó la semana pasada el diario 'El Mundo'.
Según el alcalde, Vimac comenzó la obra, pero a las semanas aseguró que no podía seguir adelante con ese dinero. "El director técnico de la obra, uno de los arquitectos señalados ahora, solicitó a Arpegio hacer una modificación técnica del proyecto, algo que según dice la Ley: No puede alterar las condiciones esenciales de la licitación", ha indicado el regidor.
"Al final se hizo y se quitó el 40 por ciento de las unidades de obra. Es decir, se dejó el proyecto sin hacer con permiso de Arpegio. ¿Qué ocurrió para que se autorizará esa modificación técnica ilegal y qué pasó con ese 40 por ciento? Es lo que queremos saber ahora", ha manifestado.
