El PSOE critica al PP por no atender los requerimientos y éste plantea que tenga capacidad sancionadora, algo que respalda Canalda
MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Cámara de Cuentas, Arturo Canalda, ha explicado que se detectaron nuevas aportaciones económicas al proyecto de Campus de la Justicia cuando ya estaba en proceso de disolución y remitió hasta en 14 ocasiones a la Asamblea de Madrid y al Gobierno regional que no se entregaban o lo hacía fuera del plazo establecido las cuentas de la entidad, lo que imposibilitaba el poder valorar si los fondos y provisiones que se transferían desde la Comunidad estaba justificados.
Así lo ha manifestado durante su comparecencia en la Comisión del Estudio del Endeudamiento de la Asamblea de Madrid y donde ha defendido que se comunicó esta situación tanto a la cámara regional como al Ejecutivo autonómico, sugiriendo también a los grupos parlamentarios que valoren si se tiene que dar más competencias a la Cámara de Cuentas para intervenir en este tipo de situaciones.
"Necesitamos tener esa capacidad sancionadora", ha defendido Canalda para decir que el caso de la sociedad encargada del Campus de la Justicia es un caso "excepcional" dentro de la Comunidad de Madrid, pues el resto de organismos rinde cuentas, y entiende que ello tiene que ver con "dejación de funciones" por parte de antiguos gestores que de una actitud de no informar.
En este punto, el Grupo Parlamentario Popular ha avanzado que quiere trabajar en una reforma que permita dotar de capacidad sancionadora a la Cámara de Cuentas en los casos donde no se atienda a los requerimientos y ha dicho que el Gobierno regional, a través de la Dirección General de Justicia, de las cuentas de los ejercicios no rendidos para que, aunque fuera de tiempo, puedan ser fiscalizados. También Ciudadanos ha defendido la necesidad de reformar la legislación para reforzar su papel.
Por su parte, Podemos ha criticado la actitud del órgano fiscalizador al entender que la Cámara de Cuentas no ha cumplido con sus obligaciones y ha "mirado hacia otro lado" ante la acumulación de evidencias de irregularidades o "ilegalidades" que arrastraba la gestión de la sociedad de Campus de la Justicia.
A su vez, el Grupo Parlamentario Socialista ha censurado que las advertencias emitidas por la Cámara de Cuentas no hayan sido atendidas por el Gobierno regional y por la mayoría parlamentaria que entonces ostentaba el PP, remarcando que los grupos de la oposición demandaron en multitud de iniciativas información y actuación en la sociedad encargada del desarrollo del Campus de la Justicia, que ha tildado de "maldito proyecto".
CUENTAS FUERA DE PLAZO
Durante su comparecencia, Canalda ha explicado que en 2006 la sociedad encargada del Campus de la Justicia (se constituyó en 2005) rindió en plazo sus cuentas y así se hizo constar en el informe remitido en a la Asamblea y al Gobierno regional.
Ya a partir de 2007, el presidente de la Cámara de Cuentas comunicó que no se habían presentado las cuentas fuera de plazo y que no se podía valorar la conveniencia de la provisión de fondos, situación que también se produjo en ejercicios siguientes -- en algunos se hacía mención expresa de que no se había aportado la contabilidad--.
Por otra parte, ha remarcado que en 2011 se produce una propuesta de disolución aunque se producen nuevas aportaciones económicas. En este punto, se ha referido a una aportación de 8,2 millones de euros en 2012 y una provisión de 22 millones de euros.
PODEMOS REPROCHA LA ACTITUD DE LA CÁMARA DE CUENTAS
El portavoz de Podemos en la Comisión, Eduardo Gutiérrez, se ha mostrado muy crítico con la comparecencia del presidente de la Cámara de Cuentas a quien ha reprochado que no instara a la realización de un informe de fiscalización específico de la sociedad Campus de la Justicia, sobre todo cuando debía entregar cada semestre sus cuentas y cuando se acumulaban "evidencias" en la prensa de presuntas irregularidades e ilegalidades.
En este punto, ha llegado a acusar al órgano fiscalizador de no ejercer su función y que las explicaciones que deben darse sobre el uso de los recursos económicos en esta sociedad tienen que ser más "exhaustivas". "Tienen un mandato de autonomía e independencia y nos da la sensación que no han cumplido con ese mandato legal (...) que han mirado para otro lado", ha espetado Gutiérrez para tildar de "negligente" su actuación.
A ello, Canalda ha dicho que no se ha tolerado la actitud de la sociedad de Campus de la Justicia porque se notificó del no cumplimiento de la obligación de cuentas a la Asamblea y al Gobierno regional en hasta 14 ocasiones y ha añadido que sería "importante" dotar a la Cámara de Cuentas de más capacidad de actuación, como puede ser la de imponer sanciones.
"No se puede alegar que no fueran advertidos", ha apostillado el presidente de la Cámara de Cuentas para recordar que la tutela de la sociedad del Campus de la Justicia corresponde a la consejería que esté adscrita y que el estar en proceso liquidatorio no exime de la obligación de rendir cuentas. A su vez, ha indicado que no se recibió información de la contratación de la entidad y que, en consecuencia, no pudieron ser fiscalizados.
Mientras, la diputada de Ciudadanos Susana Solía, ha demandado a Canalda que detallara si había alguna empresa pública más en esa situación y ha indicado que lo hecho le "parece insuficiente", sugiriendo que debe reformarse la normativa para dar más atribuciones a la Cámara de Cuentas.
PSOE DENUNCIA DESCONTROL DURANTE "AÑOS Y AÑOS"
A su vez, la representante del PSOE en la Comisión, Mercedes Gallizo, ha reprochado que la sociedad se haya disuelto sin alertar de posibles irregulares y tras "años y años" de descontrol en el gasto, recordando que la responsabilidad de la Cámara de Cuentas es la de velar precisamente por el control económico.
Por otro lado, ha reprochado al PP que, en el Gobierno y en la Asamblea, no hiciera caso a las advertencias de la Cámara de Cuentas sobre la falta de información económica del Campus de la Justicia y ha contrapuesto la actitud de los grupos de la oposición, que han reclamado en diversas ocasiones información al respecto.
A su vez, ha incidido en el hecho de que se siguieran aportando fondos a la sociedad incluso cuando ya se había acordado su futura disolución y pese a que existían esas advertencias por parte del órgano fiscalizador regional, algo que le parece "de aurora boreal".
EL PP QUIERE QUE LA CÁMARA DE CUENTAS PUEDA ORDENAR SANCIONES
Por su parte, el portavoz del PP en la Comisión, Juan Antonio Gómez Angulo, ha recalcado que su grupo, al igual que se ha propuesto en Andalucía, considera que debe darse capacidad sancionadora a la Cámara de Cuentas para garantizar que se atiendan los requerimientos.
A su vez, ha avanzado que la Dirección General de Justicia piensa poner a disposición de la Cámara de Cuentas la información económica no remitida para que se pueda realizar el informe fiscalizador, aunque no sea ya en plazo.
