Las "disfunciones puntuales", especialmente en "horarios y frecuencias", son achacables al "mal estado" de la maquinaria
MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -
Camiones naranjas y de diésel, alquilados por la nueva contrata del servicio de recogida y transporte de residuos en la periferia, están circulando por las calles de Madrid después de ser autorizados de manera "excepcional" por el área de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento.
El objetivo es garantizar la prestación ante la postura de la anterior concesionaria, FCC, que no entregó todos los medios materiales en perfecto estado de revista sino, más bien, para convertirlos en "chatarra", en palabras de la oposición.
PSOE, IU y UPyD han descrito este martes en la comisión del ramo que FCC "boicoteó el traspaso de personal y material" con la entrada en vigor del nuevo contrato, el pasado 1 de noviembre. "Según el contrato, los camiones debían (ser traspasados) en condiciones de ser utilizados pero la nueva concesionaria ha recibido chatarra y material que no circula", ha lanzado la edil de UPyD, Patricia García.
La solución por la que ha optado la nueva concesionaria, Urbaser, ha sido alquilar 60 camiones procedentes de Holanda y Alemania. Son de diésel, no de gas natural comprimido, como exige el pliego de condiciones. La socialista Ruth Porta ha recordado que las cláusulas recogen como falta muy grave, con una sanción de hasta 50.000 euros, el empleo de un suministro contaminante. "Ustedes son colaboradores necesarios en la comisión de ilegalidades. ¿Saben cómo se califica eso? Pasaremos de las palabras a los hechos", ha anunciado.
"No están homologados para prestar el servicio", ha lanzado la portavoz de Medio Ambiente de IU, Raquel López, que ha añadido que FCC, adjudicataria desde 1940, "ha hecho siempre lo que le ha dado la gana, como cruzar recursos del centro a la periferia".
Ante los problemas que se ha encontrado la nueva concesionaria, la UTE ha decidido bonificar con 300 euros a los trabajadores --cuya plantilla es subrrogada al cien por cien--, "por el trabajo extra". El delegado, Diego Sanjuanbenito, ha añadido que la nueva empresa ha contratado además a un centenar de trabajadores.
POSIBLE INCAUTACIÓN DE MÁS DE 25 MILLONES
El delegado ha acusado directamente a FCC por traspasar maquinaria en un número insuficiente y en "mal estado" y ha anunciado sanciones a la anterior concesionaria, como la "incautación de la garantía del contrato expirado en la cantidad necesaria para cubrir los gastos". Esa cantidad podría superar los 25 millones de euros.
Sanjuanbenito ha explicado que, ante los "incidentes" encontrados en el traspaso, se autorizó la "situación excepcional" de permitir la entrada de esos camiones de diésel para "seguir prestando el servicio". "Vamos a actuar, por supuesto, contra la anterior concesionaria, ya lo estamos haciendo", ha remachado. El pasado 14 de noviembre el Ayuntamiento remitió una carta a FCC en la que le exigía una solución "en tres días" y si no se podrecería a la incautación de parte de la garantía.
La edil de UPyD, Patricia García, ha planteado la apertura de dos expedientes sancionadores. El primero dirigido a la anterior adjudicataria, "por entregar chatarra", en definitiva, material "sin el mantenimiento adecuado para ahorrar costes". El segundo se dirigiría a la actual concesionaria, "por contaminar".
El delegado de Medio Ambiente ha subrayado que el pliego del contrato exige el uso de Gas Natural Comprimido "para dar más calidad al servicio" y ha añadido que fue una condición que introdujeron "voluntariamente" para ese fin. También ha detallado que los camiones de diésel se irán retirando a medida que se solventen los problemas.
"DISFUNCIONES PUNTUALES" ACHACABLES A FCC
Asimismo, Sanjuanbenito ha reconocido que en los primeros días en funcionamiento del nuevo contrato se registraron "disfunciones puntuales", especialmente en "horarios y frecuencias" aunque el servicio, a día de hoy, está "estabilizado" y se cumple "con regularidad". Dichas disfunciones, como ha insistido, son achacables al "mal estado" de la maquinaria traspasada por parte de la anterior empresa concesionaria".
Raquel López, a su vez, ha diagnosticado que lo que sucede no es más que la constatación "de una guerra entre dos grandes empresas por quedarse con el negocio de la basura, que da mucho dinero en esta ciudad y es del que comen las grandes constructoras de este país".
La edil ha presentado en la comisión documentos gráficos con el estado de algunos camiones en Puente de Vallecas y Carabanchel, auténtica "chatarra". Por último, la concejala ha defendido la remunicipalización del servicio "por el escándalo y el expolio".
