MADRID, 3 May. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda, ha defendido en un comunicado su gestión en el Canal de Isabel II referente a la compra de Inassa, y la fiscalización que ha hecho durante años la entidad que preside sobre la empresa de agua madrileña.
Así ha querido responder al Grupo Parlamentario de Podemos, que ha pedido que se someta a la votación en el pleno la pérdida de la condición de consejero de la Cámara de Cuentas de Canalda por ser presidente del Canal Extensia cuando la sociedad adquirió en diciembre de 2001 a Inassa. La formación morada ha apuntado que el juez de la Operación Lezo, Eloy Velasco, ha tildado la compra de "supuesta malversación".
A juicio de Canalda, las afirmaciones de Podemos en la Asamblea sobre su persona contienen "inexactitud" y ha querido aclarar diferentes aspectos relacionados con la compra de Inassa, que "se realizó por medio de la participación del Canal de Isabel II en un proceso de licitación internacional, auspiciado por la Banca Rohtschild". En este proceso, ha continuado, participaron, además del Canal empresas norteamericanas, italianas, mejicanas y españolas.
En este sentido, ha explicado que la oferta presentada por el Canal, al igual que el resto, "estuvo avalada por las correspondientes "due-diligences" que valoraron la empresa objeto de dicho concurso, incorporando las nuevas concesiones de las que había sido adjudicataria".
En concreto, ha explicado que el Canal solicitó tres valoraciones a tres empresas distintas. Según ha indicado, a su llegada al Canal, en septiembre de 2001, la oferta "llevaba preparándose muchos meses por los equipos técnicos de la empresa" y de la documentación que en su día se aportó a los miembros del Consejo por parte de la Dirección Financiera del Canal "no se dedujo en ningún momento que el Canal estuviese comprando una empresa por mucho más valor del que tenía".
Canalda ha indicado que fue "muy al contrario" ya que tal y como se les informó por parte del equipo que les preparó la oferta, con posterioridad a la salida de los accionistas de Aguas de Barcelona y hasta que la empresa salió a concurso, "se produjeron una serie de hechos relevantes que configuraron el valor de la oferta del Canal".
Estos hechos fueron la renovación por un periodo de 20 años de la concesión de Barranquilla, con tres millones de habitantes; la adjudicación de la concesión de Soledad (700.000 habitantes), la adquisición del 100% de la compañía Metroagua; la adjudicación de concesión en Santo Domingo, República Dominicana; la de San Borondón, Ecuador y la adjudicación de la gestión integral en el Estado de Zulia, Venezuela y que así se expuso por la Dirección Financiera a los miembros del Consejo.
Por otro lado, ha indicado que la decisión de participar en el concurso y constituir la empresa Canal Extensia fue adoptada por el Consejo de Administración del Canal el 14 de noviembre de 2001 y que no fue una decisión del director gerente del Canal. Además, ha destacado que el propio Consejo de Gobierno de la Comunidad, en un acuerdo del 21 de noviembre de ese año, autorizó al Canal la constitución de Canal Extensia y la compra de Inassa por los importes que se pagaron, ratificando un previo acuerdo del Consejo del Canal.
OPERACIÓN AUTORIZADA
De este modo, Canalda también ha dicho que el Consejo de la Comunidad, en su reunión del 7 de febrero de 2002 autorizó a Canal Extensia a concertar operaciones de crédito a largo plazo para financiar la compra de Inassa, ya que el Canal "únicamente financiaría con recursos propios la cantidad de 19.500.000 dólares y el resto sería financiado mediante operaciones de crédito a largo plazo". Además, la operación fue asegurada con una póliza CESCE.
Canalda ha continuado señalando que la operación de endeudamiento a largo plazo recibió el informe preceptivo favorable de la Comisión de Presupuestos y Hacienda de la Asamblea de Madrid el 12 de febrero de 2002, que fue aprobado con nueve votos a favor, ocho abstenciones y ningún voto en contra.
Además, ha añadido que tuvo el "honor" de comparecer en la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea el 18 de diciembre de 2001 para informar "detalladamente" de la compra de Inassa
FISCALIZACIÓN
En cuanto a las fiscalizaciones del Canal por parte de la Cámara de Cuentas, ha explicado que el presidente de este organismo, cargo que ostenta, no decide sobre los programas de fiscalización ni realiza éstas ya que este cometido "no está entre sus funciones ni tiene equipo de fiscalización adscrito".
Así, ha explicado que los programas de fiscalización aprobados anualmente se acuerdan en el Pleno de la Cámara de Cuentas y no el presidente. Además, las fiscalizaciones que han sido propuestas por los consejeros de la Cámara se han incorporado a los programas.
Canalda ha explicado que desde el inicio de su funcionamiento en el 2001, la Cámara ha realizado distintos informes de fiscalización que incluyen al ente público Canal y sus entidades dependientes, y que han sido notificados a la Asamblea de Madrid y al Gobierno regional.
Estos informes analizaban empresas y entes públicos de la Comunidad, como los de 2002, 2003, 2004, 2006 y 2015; el ciclo urbano del agua en la Comunidad (2004), la actividad económica de Hispanagua (2009), y el sistema de contratación de organismos y entidades del sector público (2013, 2014 y 2015). Según ha explicado, el número de contratos fiscalizados correspondientes al Grupo asciende a 131, cuyo importe de adjudicación se eleva a 167.367.160 euros.
Para concluir, ha añadido que la Cámara de Cuentas es el órgano "de relevancia estatutaria y dependiente de la Asamblea de Madrid al que corresponde ejercer el control, económico y presupuestario del sector público de la Comunidad de Madrid, actuando con plena independencia y sometimiento al ordenamiento jurídico".
