Carmena, Colau e Hidalgo reclaman que al menos el 25% del presupuesto estatal se destine a los gobiernos locales

 
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Carmena, Colau e Hidalgo reclaman que al menos el 25% del presupuesto estatal se destine a los gobiernos locales

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, durante un pleno en el Ayuntamiento
EUROPA PRESS
Publicado 14/10/2016 13:29:42CET

También plantean que las ciudades puedan acceder a los mecanismos europeos de financiación, reservados actualmente a los Estados

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las alcaldesas de Madrid, Barcelona y París, Manuela Carmena, Ada Colau y Anne Hidalgo, respectivamente, han reclamado más financiación para las administraciones locales, concretamente que al menos el 25 por ciento del presupuesto estatal vaya a los gobiernos locales y que las ciudades puedan acceder a los mecanismos europeos de financiación, reservados actualmente a los Estados.

Lo han hecho firmando un manifiesto de cara a la inminente celebración de la Conferencia Mundial Hábitat III que se celebrará en Quito (Ecuador) del 17 al 20 de octubre, donde se acodará la Nueva Agenda Urbana para las próximas décadas. La cumbre mundial tiene lugar cada veinte años. Se trata de una conferencia de Estados pero, por primera vez, se ha reconocido formalmente la participación de la Asamblea de Gobiernos Locales.

Carmena, Colau e Hidalgo defienden que las ciudades no pueden jugar un papel de simples observadores y destacan la capacidad de éstas para cooperar e innovar. "Estamos ante un cambio de época", han defendido en el manifiesto en el que proponen a los Estados que abran a las ciudades los mecanismos de gobernanza y establezcan las herramientas necesarias de evaluación y seguimiento de la agenda urbana.

Madrid, Barcelona y París reclaman a los Estados que aseguren los recursos suficientes para que las ciudades puedan desarrollar sus respectivas políticas de manera eficiente, destinando como mínimo un 25 por ciento del presupuesto estatal a los gobiernos locales. Al mismo tiempo, los fondos globales y europeos deberán permitir a las ciudades el acceso a los mecanismos de financiación, reservados actualmente a los Estados.

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