La CNMC multa al Colegio de Abogados de Madrid por exigir un despacho en su área para incorporarse al turno de oficio

 

La CNMC multa al Colegio de Abogados de Madrid por exigir un despacho en su área para incorporarse al turno de oficio

Sonia Gumpert
ICAM
Publicado 19/05/2017 15:15:33CET

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto una multa de 180.000 euros al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) por exigir un despacho en su área territorial para incorporarse al turno de oficio, "una conducta muy grave" prohibida por la Ley de Defensa de la Competencia.

Según un comunicado de la CNMC, el ICAM llevó a cabo "una práctica restrictiva de la competencia durante 6 años, consistente en un reparto del mercado que limita la competencia por razones geográficas y atenta contra el principio de colegiación única previsto en la Ley".

En la actualidad, la Comunidad de Madrid cuenta con dos colegios de abogados: el de Madrid (ICAM) y el de Alcalá de Henares (ICAAH), que abarcan dos zonas diferenciadas integradas por distintos municipios de la región. La regulación del acceso a los servicios de asistencia jurídica gratuita y turno de oficio es diferente en cada uno de los colegios.

El expediente ahora resuelto se inició tras la denuncia de varios abogados del Colegio de Abogados de Alcalá de Henares ante el Servicio de Defensa de la Competencia de la Comunidad de Madrid. En su escrito denunciaron que, frente a lo que ocurría con los letrados integrados en los colegios de Madrid (ICAM) y de Guadalajara (ICAGU), el Colegio de Alcalá de Henares (ICAAH) no exigía que los abogados que quisieran incorporarse a los servicios de asistencia jurídica gratuita y turno de oficio gestionados por el Colegio de Alcalá tuvieran su residencia y despacho profesional abierto al público en esa área.

A través de sus normas Reguladoras del Turno de Oficio, el ICAM impuso la exigencia de tener despacho profesional abierto en el territorio cubierto por el Colegio de Madrid para que los abogados pudieran prestar los servicios de turno de oficio y asistencia jurídica gratuita gestionados por el ICAM, correspondientes a los partidos judiciales de su ámbito territorial.

Fruto de esta situación "injustificada", se han producido situaciones como que abogados colegiados en el ICAM pero con despacho principal en Aranjuez (a 50 kilómetros de Madrid) o El Escorial (a 60 Kilómetros) pudieran prestar servicios de asistencia de turno de oficio en el partido judicial de Madrid sin ningún tipo de restricción.

Sin embargo, otros abogados, habitualmente adscritos al Colegio de Alcalá de Henares, y con sus despachos principales situados en localidades más cercanas a Madrid: Coslada (14 kilómetros), Torrejón de Ardoz (25 kilómetros), Arganda del Rey (28 kilómetros) o Alcalá de Henares (30 kilómetros), no han podido ejercer como letrados del turno de oficio ni acceder a los servicios de asistencia jurídica gratuita gestionados por el ICAM.

Por todo ello, la CNMC concluye que el requisito de disponer de despacho profesional abierto en el ámbito territorial del ICAM resulta desproporcionado para los fines perseguidos de cercanía e inmediatez en el servicio, y es contrario al Derecho de la Competencia, al limitar la oferta disponible en el mercado analizado, repartir territorialmente el mismo y fijar condiciones desiguales a los letrados de distintos colegios.

La CMMC exige al ICAM que en el futuro se abstenga de llevar a cabo conductas iguales o semejantes y que adecué las Normas Reguladoras del Turno de Oficio, a la legislación vigente en materia de Defensa de la Competencia. Además, ordena la difusión entre sus colegiados del texto íntegro de esta Resolución.

Asimismo, la CNMC insta a la Dirección General de Economía y Política Financiera de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, para que vigile y cuide del cumplimiento íntegro de esta Resolución.

La CNMC recuerda que contra esta Resolución no cabe recurso alguno en vía administrativa, pudiéndose interponer recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación.

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