El juez Velasco prorroga el secreto de las actuaciones al menos hasta el próximo 27 de julio
MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -
La empresa Cofely, filial de la multinacional francesa GDF Suez, financió "encuestas" y prestó "otros favores" a los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid con los que contrató la red de corrupción Púnica, liderada por el ex secretario general del Partido Popular (PP) en la región Francisco Granados. Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, estas encuestas estaban relacionadas con las actividades medioambientales a las que se dedicaba la compañía.
Así consta en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 acuerda prorrogar durante un mes más el secreto de las actuaciones, que continuarán vedadas para todas las partes a excepción de la Fiscalía Anticorrupción al menos hasta el próximo 27 de julio.
"En los hechos investigados en relación con el contrato con Cofely, a partir de las evidencias electrónicas, correos y mensajes, se están descubriendo nuevos regalos y favores a los ayuntamientos que contrataron con la citada multinacional que demandan también la reserva para poder contrastar las peticiones de encuestas y otros favores prestados", señala la resolución.
El juez Velasco añade que "son precisamente estos nuevos objetivos los que demandan todavía absoluta reserva y confidencialidad de las actuaciones cuyo secreto viene acordado para asegurar la ejecución de las nuevas medidas de investigación".
"NUEVOS AYUNTAMIENTOS"
El magistrado también señala en su auto que el trabajo analítico desarrollado a partir de la intervención de archivos electrónicos y mensajes practicada en octubre pasado ha permitido "dar fuerza a las incriminaciones originarias" pero, a la vez, "como ocurre en los casos de corrupción y delincuencia organizada, han surgido nuevos objetivos con una fuerte ligazón de conexidad, que exigen del juzgado nuevas acciones operativas relativas a nuevos ayuntamientos, contrataciones públicas, etc".
De igual modo, apunta que "no hace ni un año" que se produjo la incoación de este procedimiento aunque, según recalca, "las partes se equivoquen siempre en los plazos y argumenten que la investigación lleva secreta dos años".
En el 'caso Púnica' se investigan las "redes clientelares de tráfico de influencias" constituidas en torno al exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados y el empresario David Marjaliza, que se hicieron con contratos de hasta 100 millones de euros en ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, la Diputación de León y el Instituto de Fomento de la Región de Murcia. El juez les envió el pasado 30 de octubre a prisión por formar parte de una "organización criminal".
