En cambio, los tenderos ambulantes y de Ferias de Madrid considera "lógica" que su actividad no acarree cargas penales
MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -
Varias asociaciones de comerciantes madrileñas se han posicionado en contra de la medida propuesta por Podemos en el Congreso de los Diputados que pretende sustituir las penas de cárcel a la actividad de los manteros por multas administrativas, mientras que el colectivo de tenderos ambulantes y de ferias de Madrid consideran que la medida planteada por la formación morada "es lógica".
La Asociación de Comerciantes de las calles Preciados, Carmen, Arenal y Adyacentes ha señalado que esta medida supone "una broma" porque los manteros son "personas insolventes" que "no pueden hacer frente a estas multas", ha indicado a Europa Press un portavoz de la asociación, que ha manifestado que solución pasa por "erradicar" el 'top manta' y "no por imponer ni medidas administrativas ni de cárcel".
Además, han señalado que los manteros realizan "una competencia desleal", ya que "no tienen que pagar impuestos". "Además, se trata de una venta delictiva, porque los productos que ofrecen son falsos", ha explicado el portavoz.
En el mismo sentido se ha expresado la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Chueca, que se ha mostrado en contra de la propuesta porque consideran que es "legislar en caliente". Además, han recordado que la iniciativa de Podemos la presentaron hace dos años y "no contó con el respaldo parlamentario necesario".
Igualmente, este colectivo ha felicitado a los agentes municipales que "previenen esta actividad" y, además, han exigido que "continúen los controles", ya que los únicos beneficiados de la actividad de la venta ilegal son "las mafias".
Por el contrario, la Asociación de Comerciantes Ambulantes y de Ferias de Madrid no coincide con esas opiniones y creen que la medida de castigar la actividad ilegal de los manteros con sanciones administrativas es "lógica" y "tiene más sentido" que las penas de cárcel.
Unidos Podemos registró en el Congreso este lunes una proposición de ley en la que propone una modificación del Código Penal para regresar a la situación anterior a 2015, cuando la venta en el 'top manta' estaba penalizada con una multa administrativa y no con la cárcel, como ocurre actualmente tras la reforma del PP.
