MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Asamblea de Madrid ha dado luz verde este jueves a la tramitación parlamentaria de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas para la garantía del carácter público del Canal de Isabel II de Ciudadanos, al haber decaído las enmiendas a la totalidad presentadas por Podemos y PSOE con los votos en contra de Ciudadanos y PP.
De esta forma, ahora la Proposición de Ley presentada por la formación naranja señala que únicamente el Canal de Isabel II "podrá corresponder a la Comunidad de Madrid y a ayuntamientos comprendidos en su ámbito territorial".
Asimismo, la participación de la Comunidad de Madrid no podrá ser inferior, en ningún caso, al 51 por ciento del capital social. La participación que, en cada caso, corresponda a los ayuntamientos afectados, se determinará, "ponderando criterios de proporcionalidad y equidad", de acuerdo con lo previsto en el Contrato-Programa y en los convenios y encomiendas de gestión suscritos entre el Canal de Isabel II, la sociedad y los diversos ayuntamientos.
Asimismo, se exige la previa autorización del Consejo de Gobierno, de la que se dará cuenta a la Asamblea de Madrid, para que esta sociedad pueda crear o disolver sociedades de capital con limitación de responsabilidad o realizar actos que impliquen la adquisición o pérdida de su participación mayoritaria, directa o indirecta, en el capital de dichas sociedades.
La entidad pública Canal de Isabel II quedará sujeta al régimen jurídico establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen Gobierno y, en su caso, a lo dispuesto en esta materia en la legislación autonómica vigente.
Mediante esta normativa, se habilitará al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid a dictar "en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley", cuantas disposiciones sean necesarias para su desarrollo y aplicación.
En particular, el Ente Público Canal de Isabel II procederá, dentro del citado plazo, a adecuar el contenido del Contrato-Programa a lo previsto en la presente Ley, al amparo de la facultad de modificación de dicho Contrato-Programa prevista en su cláusula 19.1.
"INSTRUMENTO PARA DELINQUIR"
En su turno de palabra para defender su enmienda a la totalidad conjunta con PSOE, el diputado de Podemos Hugo Martínez Abarca ha sostenido que el PP siempre ha utilizado el Canal como "un instrumento para delinquir"; mientras que la propuesta de Ciudadanos se conforma, a su parecer, con lo que anunció el expresidente regional Ignacio González.
En este punto, Martínez Abarca ha indicado que estará mucho más segura esta institución pública poniéndola en "muchas manos" en vez de que esté en pocas, por ello han propuesto que participe el tejido social, como sindicatos, y distintos municipios para que "garantice que el Canal siga siendo de los madrileños".
El diputado socialista Diego Cruz Torrijos ha abogado también por que tanto ayuntamientos como sindicatos tengan voz y voto en el Canal de Isabel II. Además, Torrijos ha recordado que Ciudadanos y PP hacen caso "omiso" a una PNL que presentaron y que hacía también esta propuesta.
"Tengo la sensación de estar viviendo en una película, si Ciudadanos votó a favor de esta PNL también estará de acuerdo con estas enmiendas. La Ley de Ciudadanos no garantiza procedimientos más transparentes y excluye a los ayuntamientos que defendieron el agua de todos los madrileños", ha lamentado.
Por su parte, el diputado de Ciudadanos César Zafra César Zafra ha indicado que toso están de acuerdo en que en el Canal de Isabel II durante los últimos años ha habido "corrupción, robo y especulación con el agua de todos los madrileños. Por ello, decidieron llevar a cabo esta proposición de Ley con puntos y medidas "básicos" basados en el control del Canal.
A pesar de que el parlamentario de la formación naranja ha visto algunos puntos de las enmiendas interesantes y ha indicado que podrían enriquecer sus proposición, pero que no se trata de hacer una Ley con un nuevo modelo "porque eso toca después", ya que ahora se está terminando la Legislatura y habría que abrir un nuevo modelo y eso requiere mucho diálogo y mucha capacidad política".
Por último, la diputada de PP María Eugenia Carballedo ha defendido que el modelo que proponen Podemos y PSOE "pone en peligro" el modelo social que existe actualmente "con un agua que es un 23 por ciento más barata que la media del país y con el que el Gobierno ha congelado las tarifas 2016, 2017 y 2018 y lo que quede de legislatura, que habrá una tarifa social más avanzada de España porque está bonificada en un 79 por ciento".
