La comisión de corrupción de la Asamblea pide amparo al CGPJ porque el Gobierno no atiende sus peticiones de información

Esperanza Aguirre en la comisión de investigación sobre corrupción
EUROPA PRESS - Archivo
Publicado 05/04/2018 19:46:25CET

MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la comisión de investigación sobre corrupción política de la Asamblea de Madrid, la diputada de Ciudadanos (Cs) Dolores González Pastor, se ha vuelto a dirigir a través de la presidenta del Parlamento regional, Paloma Adrados, al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "ante la imposibilidad de disponer de documentos fundamentales del Gobierno para la investigación y la celebración de comparecencias".

Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, el Ejecutivo autonómico no está respondiendo a las peticiones de información solicitadas sobre el Canal de Isabel II, lo que "está afectando al normal funcionamiento de la comisión". De hecho, la sesión de la comisión fijada para el 7 de abril no se va a celebrar por este motivo.

"Les volvemos a pedir, como el pasado 28 de febrero, que nos aclaren ciertos puntos, tal como nos ampara el artículo 23 de la Constitución Española y el Reglamento de la Asamblea, y que el CGPJ dé traslado de esta petición al Juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, del mismo modo que dio traslado del escrito del consejero de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno al mismo Juzgado, el 3 de enero. Esperaremos entonces su respuesta para dar continuidad a las sesiones parlamentarias y las comparecencias", ha indicado en su escrito la presidenta de la comisión.

El consejero de Presidencia, Ángel Garrido, solicitó por carta el pasado 3 de enero al presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, que resolviera si el Gobierno regional "debe facilitar" la documentación requerida por la comisión de investigación de corrupción política de la Asamblea de Madrid o "si por el contrario ese deber queda condicionado a la apertura del juicio oral en tanto en cuanto podría afectar a derechos y principios de rango constitucional".

Este órgano judicial concluyó mediante un auto que "no ha lugar a la entrega de la documentación requerida por la Comisión de Investigación de corrupción política de la Asamblea de Madrid, relativa a este procedimiento judicial", refiriéndose al caso Lezo.