La Comisión de Investigación sobre corrupción arranca con el IVIMA

Actualizado 06/11/2015 10:00:03 CET

Comparecerán los últimos exdirectores del IVIMA y la presidenta de la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del IVIMA

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Investigación sobre corrupción política en la Comunidad de Madrid de la Asamblea, impulsada por Ciudadanos, celebra este viernes su primera sesión, en la que se analizará la venta de casi 3.000 viviendas del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) a fondos de inversión.

Los primeros comparecientes serán los exdirectores gerentes del IVIMA Juan Van-Halen y Ana Gomendio; la secretaria general técnica de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda en el momento en que se produjo dicha operación, Matilde García, y la presidenta de la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del IVIMA, Sonia Martínez.

El objetivo de dicha comisión, respaldada por todos los grupos de la oposición (PSOE, Podemos y Ciudadanos) y desacreditada por el PP al calificarla como una "causa general" en su contra, es determinar responsabilidades que pudieran derivarse de los casos de corrupción conocidos durante las últimas legislaturas.

La comparecencias de Van-Halen (director gerente del IVIMA entre 2011 y 2013) y Gomendio (directora gerente del IVIMA entre 2013 y 2015) habían sido solicitadas por los tres grupos de la oposición (PSOE, Podemos y Ciudadanos), mientras que la de Matilde García, de perfil más técnico, había sido solicitada por el PP, y la de Sonia Martínez, en representación de los afectados, por Podemos.

Todas las sesiones se retransmitirán por 'streaming', según lo acordado este jueves la Mesa de la Asamblea de Madrid, que ha celebrado una reunión de urgencia, donde también ha aprobado prohibir las grabaciones particulares.

Esto se ha producido después de que un diputado de Podemos retransmitiera a través de su teléfono móvil la última sesión de la Comisión de Estudio sobre el endeudamiento y la gestión pública, celebrada este martes, y de que su grupo parlamentario registrara una solicitud por escrito este mismo jueves al respecto.

La Comisión de Investigación, que se celebrará cada 15 días, previsiblemente continuará con la venta de viviendas públicas a fondos de inversión en su segunda sesión, que tendrá lugar el 20 de noviembre, mientras que en las dos sesiones previstas para diciembre, que tendrán lugar los días 4 y 18, se abordará la actuación de la Agencia de Informática y Comunicaciones (ICM).

MARCADA POR LA POLÉMICA

Antes de echar andar, la Comisión de Investigación ya ha generado polémica, después de la sustitución del portavoz del PP que asistió a las primeras reuniones de la Mesa y los portavoces de la comisión, Jesús Gómez, ya que decidió abandonar una de las reuniones sin consultarlo.

La mecha se prendió cuando se hicieron públicos unos whatsapp
enviados por Gómez a la presidenta regional, Cristina Cifuentes,
acusándola de plegarse a las exigencias de Ciudadanos, que, según sostenía, había pedido su cabeza por haber planteado la posibilidad de solicitar la comparecencia de su diputada Eva Borox, cuyo nombre aparece en el sumario de la trama Púnica.

Asimismo, la oposición ha acusado al PP de intentar "poner palos en las ruedas" por reclamar un plan de trabajo y oponerse a cambiar las reglas de funcionamiento en la Comisión de Investigación para que las comparecencias puedan tener un formato de pregunta-respuesta, entre otros aspectos.

Tras designar a su nuevo portavoz, Alfonso Serrano, y una vez aprobados el plan de trabajo, por parte de la Mesa y los portavoces de la Comisión, y la modificación de las reglas de funcionamiento, por parte de la Mesa de la Asamblea, el PP ha garantizado "máxima transparencia".

Todavía hay que acordar los comparecientes para la segunda sesión de la Comisión de Investigación, por lo que no se descarta que sea convocado el hijo del expresidente del Gobierno y de la exalcaldesa de Madrid José María Aznar Botella, consejero de la empresa Gesnova Gestión Inmobiliaria, que, a juicio de Podemos, podría estar relacionada con la venta de viviendas públicas a fondos de inversión.

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