MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -
La Comunidad de Madrid ha defendido este jueves que no existe ninguna incompatibilidad en que la presidenta regional, Cristina Cifuentes, formase parte, en el proceso de adjudicación de la cafetería de la Asamblea en 2009 y 2011, tanto del comité de expertos como de la Mesa de Contratación.
Así responde el Gobierno autonómico en un informe sobre este proceso, que ha sido objeto de investigación por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de la trama Púnica, donde vinculan a Cifuentes, siendo vicepresidenta de la Cámara, con la supuesta financiación ilegal del PP de Madrid.
Ante el apunte de la oposición a la incompatibilidad en el hecho de que Cristina Cifuentes formara parte del Comité de Expertos y de la Mesa de Contratación, niegan la mayor "porque lo que la ley prohíbe es que se forme parte del Comité y del órgano proponente, y este órgano no es la Mesa de Contratación, sino la Dirección de Gestión Administrativa, de la que ella no formaba parte".
Asimismo, han reiterado que la participación de Cristina Cifuentes en el proceso como vicepresidenta primera de la Asamblea de Madrid en los años 2009 y 2011, años en los se llevó a cabo las adjudicaciones de la cafetería de la Asamblea de Madrid, "se ajustó plenamente a derecho".
También han explicado que su participación como miembro de la Mesa de Contratación se deriva de su cargo de vicepresidenta primera de la Asamblea, "en quien siempre se ha delegado esta función" mientras que su participación como miembro del Comité de Expertos responde a "un mandato adoptado por unanimidad" en la Mesa de la Asamblea de Madrid.
Para defender que el proceso no fue irregular han recordado que tres de los miembros del Comité de Expertos de entonces han declarado en el marco de la investigación policial, "sin que en ningún momento se haya dictado por el Juzgado auto formal de investigación respecto a ninguno de ellos". "No existe, por tanto, ninguna imputación", han remarcado.
Por otro lado, han indicado que los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares contaron con los preceptivos informes jurídicos y fiscales favorables, y fueron aprobadas por unanimidad por la Mesa de la Asamblea de Madrid, mientras que la aplicación de los criterios y la baremación prevista en los Pliegos fue efectuada por los técnicos que formaban parte del Comité de Expertos en 2009 y 2011, "asumiéndose sin puntualizaciones relevantes por los otros dos componentes de este Comité, como es habitual en este tipo de órganos".
En la misma línea, desde el Gobierno madrileño han indicado que el proceso de adjudicación se adoptaron las "decisiones por unanimidad, aplicándose en todo momento los principios de objetividad, imparcialidad y legalidad". "Se trata, en todos los casos, de decisiones colegiadas, no individuales", han concretado.
Asimismo, insisten en que se "han seguido estrictamente los criterios de los técnicos, ambos funcionarios públicos de alto nivel, que fueron refrendados por los restantes miembros del Comité de Expertos, así como los representantes de todos los partidos políticos que formaban parte de la Mesa de Contratación y de la Mesa de la Asamblea, máximo órgano de gobierno del Parlamento regional".
