La Comunidad explica que todas las viviendas ocupadas están denunciadas pendientes de orden judicial para su desalojo

  Viviendas Sociales En La Coma
GVA
Publicado 05/09/2018 14:13:52CET

MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha explicado este miércoles que todas las viviendas ocupadas de la Agencia de Vivienda Social (Ivima) se encuentran denunciadas y están pendientes de orden judicial para su desalojo, han informado a Europa Press fuentes de la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras.

En una respuesta del Gobierno regional fechada a 10 de julio a una pregunta formulada por el diputado socialista en la Asamblea de Madrid Daniel Viondi, a la que ha tenido acceso Europa Press y adelantada por la 'Cadena Ser', el Ejecutivo madrileño señala que un total de 1.998 viviendas de la Agencia de Vivienda Social (Ivima) se encuentran ocupadas ilegalmente en la Comunidad de Madrid.

No obstante, desde la Consejería aseguran que todas las viviendas ocupadas han sido denunciadas y están pendientes de orden judicial para que se produzca su desalojo. Además, han explicado que desde comienzos de la legislatura han celebrado una docena de reuniones con la Delegación del Gobierno, competente en seguridad, y en esos encuentros "localizan las viviendas ocupadas y señalan las zonas de más conflictividad". De hecho, estas mismas fuentes han asegurado que se volverán a reunir en breve.

El diputado socialista reprochaba al Gobierno regional que "por su ineficaz gestión" haya "2.000 viviendas públicas ocupadas ilegalmente demostrando ninguna sensibilidad social por parte del Gobierno del PP, con la cooperación necesaria de Ciudadanos".

El Ejecutivo madrileño le ha respondido que "tienen sensibilidad social y preocupación", pero que "hay una legislación que hay que cumplir" y dependen de "procedimientos judiciales". En cuanto a las quejas del parlamentario socialista sobre la cantidad de viviendas vacías que se encuentran en la región, el Gobierno autonómico expone que se encuentran vacías porque cuando se consiguen desalojar algunas se encuentran "en tan mal estado que hay que rehabilitarlas".

Asimismo, desde la Consejería han explicado que desde el año 2016 hay abierto un proceso de regularización del que al menos 588 familias se han beneficiado.

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