La Comunidad aprobará hoy el convenio marco de la Cañada

Actualizado 24/04/2014 11:32:46 CET
Cañada Real Galiana de Madrid
Foto: EUROPA PRESS/BASURAMA

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

   El Consejo de Gobierno regional aprobará hoy el informe del esperado convenio marco sobre la Cañada Real Galiana, un acuerdo que recoge las soluciones urbanísticas y sociales para los residentes en la vía pecuaria, y que llega tras las alegaciones de Madrid y Coslada y con el silencio administrativo de Rivas-Vaciamadrid, han informado a Europa Press fuentes de la Consejería de Asuntos Sociales.

   Las alegaciones más importantes, y que han sido aceptadas, recogen la supresión de la figura del consorcio que se iba a crear entre las administraciones regional, local y nacional a través de la Delegación del Gobierno para gestionar la transformación y legalización de las viviendas de la vía pecuaria.

   Según han señalado las mismas fuentes, la nueva Ley de Administración local prohíbe a los ayuntamientos endeudados por encima de ciertas cantidades participar en este tipo de consorcios, por lo que ahora se creará otro tipo de organismo encargado de las mismas tareas.

   Una vez reciba el visto bueno de la Comunidad de Madrid, en el mes de mayo se firmará dicho acuerdo entre el consejero de Asuntos Sociales, Jesús Fermosel, y los alcaldes de los tres municipios por los que transita la Cañada Real.

   La duda ahora es conocer si participará en dicha firma Rivas, ya que tan sólo hace dos meses la paralizó porque, en palabras de su concejal de Urbanismo, Fausto Fernández, "no quería consolidar zonas de exclusión" y, a su juicio, el plan "carece de recursos sociales y económicos extraordinarios" para solucionar la problemática que sufre el lugar.

UN AÑO DE RETRASO

   La Asamblea de Madrid aprobó hace tres años la Ley de la Cañada Real Galiana, que eliminaba la condición de dominio público del suelo y desafectaba el terreno, dando un plazo de dos años para que las diferentes partes llegaran a un acuerdo ya que, después, el Ejecutivo autonómico podría decidir lo que considerara oportuno.

   En el apartado de seguridad todos los implicados se pusieron ya de acuerdo. El objetivo general es establecer instrumentos, canales de comunicación y estrategias de actuación conjunta para prevenir la delincuencia, el tráfico de drogas y el estigma de la marginalidad, que sobre todo opera en el sector VI.

   En materia urbanística, el objetivo es "consolidar el mayor número de residentes y viviendas, donde resulte compatible el uso residencial, integrando urbanísticamente las distintas zonas de la Cañada en aras a la normalización urbanística y social" con un modelo similar para todos los sectores, según el convenio marco redactado el verano pasado, al que tuvo acceso Europa Press.

   Sólo tendrán derecho aquellas personas que estén en los censos que realizaron los Ayuntamientos. No obstante, dichos censos tendrán que someterse a exposición pública una vez aprobado el presente acuerdo marco social.

   Además, "sería deseable que en los centros interviniera el Instituto de Realojo e Integración Social (IRIS), junto con el resto de administraciones afectadas descartándose aquellos residentes que hayan estado sometidos a otros proceso de intervención pública de viviendas".

   De hecho, el sector VI, dado su complejidad, y debido a la necesidad de actuar primero socialmente, "llevará un proceso diferenciado y más prolongo en el tiempo, en el que se actuará con aquellos mecanismos establecidos por el IRIS en el marco de la vivienda". El objetivo es establecer un parque tecnológico, empresarial e industrial.

   El acuerdo también fijaba la creación de un Consorcio, "antes de 2014", con todas las competencias necesarias para acometer la actuación en su conjunto, desde el proceso de urbanización hasta el realojo de las familias que no puedan quedarse en la zona. El Consorcio será el beneficiario de los derechos económicos que se generen en el desarrollo urbanístico.

   Ahora, tras las alegaciones y la imposibilidad de crearse dicho consorcio por cuestiones legales, será otro organismo que se creará en breve en el que se encargue de las mismas funciones.

ACCESO A LA PROPIEDAD AL MAYOR NÚMERO DE RESIDENTES

   El modelo urbanístico no cambia y se desarrollará "preferentemente con viviendas unifamiliares que no superen las dos plantas y con calles de coexistencias, donde se mantengan las alienaciones en la medida de lo posible".

   En el apartado de Vivienda, el objetivo es "buscar el acceso a la propiedad del mayor número de residentes de la Cañada Real, integrando urbanísticamente las zonas cuyas circunstancias lo permitan, en aras a la normalización de aquellas situaciones que social y urbanísticamente lo aconsejen".

   Sólo podrán acceder al suelo los censados. De ellos, los que no tengan una vivienda que reúna las condiciones de habitabilidad, el nuevo organismo habilitará un mecanismo de realojo. Y las que estén en situación de extrema vulnerabilidad, se establecerán mecanismos de realojo más adecuados y se estudiarán fórmulas de alquiler social.

   Además, encargará al IRIS un estudio social amplio "que permita tener un buen soporte de información de la población sobre la que se va a intervenir para definir y cuantificar los perfiles de exclusión y la tipología futura de alojamiento de estas familias, teniendo en cuento que no se trata de un proceso de realojo como el que ha existido en otros poblados chabolistas".

APARTADO SOCIAL

   En el apartado social, el objetivo es mejorar la convivencia, evitando la exclusión social, y las condiciones de salubridad y habitabilidad de la zona, haciendo especial hincapié en los programas antidroga. Para ello resaltan la importancia de ofrecer educación y recursos laborales alternativos que ayuden a sus habitantes a salir de la precariedad.

   Para acometerlo, apuestan por un "apoyo y fortalecimiento de la red de recursos existentes con programas de intervención social". "Se hace necesario una optimización de los recursos existentes y desarrollados por las instituciones y organizaciones sociales con un mejor aprovechamiento de los mismos a fin de evitar solapamientos o que actuaciones importantes se lleven a cabo", apuntan.

   Entre otras medidas, fijan el desarrollo de un sistema de mediación intercultural para prevenir conflictos, seguimiento familias beneficiaras de la Renta Mínima de Inserción con grupos técnicos de trabajadores sociales, luchar contra el absentismo escolar, proporcionar herramientas para el conocimiento del español, apoyar la creación de iniciativas de autoempleao, realizar programas con drogodopendientes, entre otros.

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