Cs sospecha de posible conflicto de intereses en el proceso para otorgar ayudas del 0,7% a entidades sociales

Publicado 22/02/2018 15:12:50CET

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos sospecha de un posible "conflicto de intereses" en el proceso de valoración de proyectos de ONGs para obtener las subvenciones del 0,7 por ciento del IRPF a entidades sociales, pues dos miembros de la empresa Tragsatec que obtuvo la encomienda para ese proceso han pasado luego a ser gestores de dos entidades beneficiadas.

Así lo ha indicado en declaraciones a Europa Press, tras la información adelantada por la Cadena Ser, el diputado de la formación naranja Alberto Reyero, quien ya ha llevado esta cuestión a la Asamblea de Madrid. En este sentido, avanza que pedirá la comparecencia del director de Tragsatec para que aclare este aspecto.

Reyero ha señalado que la empresa obtuvo la encomienda de gestión del proceso ordinario de valoración de proyectos de cara a las subvenciones del 0,7 por ciento, que no apareció publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

En este sentido, el parlamentario cree que se ha dado una situación de "oscurantismo" en lo relativo a esta encomienda y cree que la Consejería de Políticas Sociales no ha supervisado de forma conveniente esta gestión.

Al respecto, detalla que Tragsatec es una empresa colaboradora de la entidad Movimiento por la Paz, el Desarme y la libertad, tal y como aparece en su web, y que obtuvo una cuantía de 700.000 euros. Por ello y sin prejuzgar que esta asociación no sea merecedora de esa ayuda, cree que debe darse explicaciones sobre los pormenores de esa valoración.

A su vez, expone que hay dos personas que han pasado de estar contratadas por Tragsatec de cara a valorar proyectos y luego han pasado a trabajar en entidades beneficiadas, incluso uno de ellos apunta a que en su perfil de Linkedin expone que se encargó de la gestión de la valoración de proyectos.

Por otro lado, Reyero llama la atención por esta encomienda cuando, según expone, el propio Ministerio de Sanidad se dirigió a la Comunidad para ofrecerse a realizar esa labor, cuando el proceso ha tenido "problemas" y se ha generado un "agujero" de 10 millones de euros sobre un total de 26 millones.