El decreto contra apagones eléctricos de la Comunidad de Madrid llega al Consejo de Estado

 

El decreto contra apagones eléctricos de la Comunidad de Madrid llega al Consejo de Estado

Actualizado 04/10/2007 18:47:31 CET

MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid acordó hoy remitir al Consejo de Estado el proyecto de decreto dirigido que establece medidas complementarias para garantizar el suministro eléctrico en la región y evitar apagones. Este trámite, el último antes de la aprobación parlamentaria del texto, se produce una vez superado incorporadas "muchas" de las recomendaciones realizadas por el Consejo Económico y Social (CES), aseguró hoy en rueda de prensa el vicepresidente primero y portavoz, Ignacio González.

Las inversiones exigibles a las compañías y los tiempos de respuesta para reponer el servicio tras un fallo son dos de los aspectos que han sido objeto de sugerencias por parte del CES, si bien González afirmó que se mantienen las cuestiones más importantes del documento, como los plazos máximos para restablecer el servicio en caso de avería, que serán de tres horas para el 70 por ciento del mercado y de seis para el cien por cien del mercado.

Una vez en vigor, el decreto obligará a las empresas distribuidoras de electricidad que operan en la región a presentar a la Administración, dentro del último trimestre de cada año, un Plan Periódico de Medios Humanos y Materiales e Inversiones en el que se detallen las actuaciones previstas durante el ejercicio siguiente para evitar apagones en la Comunidad de Madrid en caso de incidencias en la red.

El programa obligatorio para las eléctricas deberá recoger no sólo información sobre medios materiales y humanos destinados a atender incidencias relacionadas con la garantía del suministro, sino también los medios con los que se reforzarán los distintos dispositivos, entre ellos los de atención al cliente, en caso de avería.

Paralelamente al decreto, se está tramitando un proyecto de ley para endurecer y multiplicar por 10 las sanciones actuales, de manera que las eléctricas podrían llegar a tener que pagar hasta 30 millones de euros en caso de multa por no cumplir alguna de las condiciones de garantía de suministro impuestas por la Administración autonómica.

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