MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo avala el criterio de la administración madrileña de no asignar plaza en el primer grado de las escuelas infantiles públicas a niños que aún no han nacido, una postura que considera "razonable" tanto desde el punto de vista de los derechos educativos como de la utilización de los recursos públicos.
Así lo expone el informe de la institución sobre el ejercicio de 2016 y en relación a las quejas recibidas por parte de las familias sobre la normativa autonómica que permite la asignación de plazas a los alumnos cuyo nacimiento se produzca antes de la conclusión del período de matriculación.
Ello remite a los nacidos después de la conclusión del referido plazo a una lista de espera, incluso aunque tengan una puntuación superior a los primeros y ocupen por ello una posición más favorable en las listas, por aplicación de los criterios de admisión.
"Se trata, a juicio de los reclamantes, de un tratamiento que vulnera el principio constitucional de igualdad, al atribuir a unos y otros solicitantes un tratamiento injustificadamente diferente y menos favorable por razón únicamente de su edad", expone el informe en relación a la queja planteada.
Ante un problema similar, planteado por la normativa que entonces contemplaba la admisión de alumnos de cero a un año al primer curso de la educación infantil, la Consejería de Educación, Juventud y Deporte precisó, a instancias de esta institución, las razones que habían llevado a atribuir un tratamiento diferenciado a los solicitantes de plazas no nacidos, que también entonces consideraron los padres vulnerador del citado principio constitucional.
Según se señaló entonces, "si se asignase plaza a los alumnos no nacidos en la fecha límite entonces establecida, su incorporación a las escuelas se produciría con posterioridad al inicio del curso, manteniéndose entretanto vacantes las plazas correspondientes hasta que el alumno cumpliera la edad indicada".
"Es un resultado que no se consideraba admisible desde el punto de vista de la utilización más eficiente de los recursos públicos", expone el Defensor del Pueblo para considera fundado el criterio adoptado por la administración.
"Parece razonable, tanto desde el punto de vista de los derechos educativos de los alumnos, como desde la perspectiva de la utilización más eficiente de los recursos, que las plazas públicas de primer ciclo de educación infantil, todavía insuficientes para atender todas las demandas que se formulan, sean asignadas a quienes pueden hacer uso completo de las mismas", asegura la institución que dirige Soledad Becerril.
La solución, tanto de situaciones como la reseñada como de otras demandas de escolarización en el primer ciclo de educación infantil que actualmente no son satisfechas, requiere "un decidido esfuerzo de las administraciones educativas para lograr un significativo incremento de la oferta actual de plazas, que permita asegurar la escolarización en dicho ciclo de todos los alumnos cuyos padres lo solicitan".
