Defensor del Pueblo reclama que los afectados por venta de viviendas públicas a fondos buitre tengan derecho a otra casa

Publicado 30/03/2018 10:18:35CET

Sostienen que estas operaciones se tenían que haber suspendido en 2014, cuando se llevaron a los tribunales

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo ha reclamado a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) y a la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad, anterior Instituto de la Vivienda (IVIMA), que valoren crear un procedimiento específico para asignar una nueva vivienda pública a los afectados por la venta de sus casas a un fondo de inversión.

Así lo pide la institución en su Informe Anual 2017, donde lamenta que muchos afectados por estas operaciones presuntamente fraudulentas "se ven obligados" a solicitar nuevamente la adjudicación de otra vivienda. "Sus solicitudes quedan en lista de espera, por lo que tienen que hacer frente nuevamente a la demora y opacidad del procedimiento de adjudicación, del que se hace depender la disponibilidad de viviendas", critican.

En este sentido, el Defensor explica que ha solicitado a las citadas administraciones que valoren la posibilidad de informar a los afectados de que tienen "un derecho reconocido válido y eficaz" a disfrutar de una vivienda pública protegida. Además, la institución les ha pedido que valoren la posibilidad de crear un procedimiento específico para atender estas situaciones "excepcionales" y proceder así a la asignación de una vivienda pública "adaptada a las necesidades de los adjudicatarios".

Desde el Defensor del Pueblo aseguran que la EMVS reconoce que los afectados ostentan el derecho a solicitar y ser adjudicatarios de una nueva vivienda público. Sin embargo, puntualizan que "deben cumplir los requisitos del actual reglamento". Consideran, por tanto, que no tienen derecho a una vivienda 'per se' o a una adjudicación automática, pues "se estaría desprotegiendo el proceso legalmente aprobado y que deben competir en igualdad de condiciones con los solicitantes actuales".

El Defensor del Pueblo "no comparte este criterio": "Los afectados no son adjudicatarios per se, sino porque cumplieron los requisitos
legales, en igualdad de condiciones que el resto de solicitantes. La adjudicación de una vivienda es un ejercicio del poder público que realiza la Administración y que otorga derechos a los ciudadanos".

En esta línea, defienden que la adjudicación "continúa en vigor con independencia de las actuaciones llevadas a cabo entre la empresa privada propietaria del inmueble y los adjudicatarios". Además, señalan que el derecho del compareciente también está intacto: "Este derecho no se encuentra ligado a una vivienda concreta, sino a la necesidad de vivienda que tienen los interesados. Máxime si se trata de personas a las que, por sus especiales circunstancias personales, se les había adjudicado una vivienda de especial necesidad".

"LA VENTA SE DEBÍA HABER SUSPENDIDO EN 2014"

Por otra parte, el Defensor asegura que la venta de viviendas con protección pública a empresas privadas debía haber suspendido en el año 2014, cuando comenzaron a interponerse recursos ante los tribunales. En ese momento, la institución ya trasladó a las administraciones madrileñas que "podrían haber incurrido en irregularidades en la operación de venta".

Además, ese mismo año, el Defensor advirtió de que el cambio de propietario tenía "consecuencias de importancia" para los inquilinos, pues "carecían de medios de oposición frente a medidas adoptadas por el nuevo propietario arrendador, de manera unilateral (subidas de renta, de gastos de comunidad, obligación de contratar un seguro, etcétera)".