El empresario Aneri, el prestamista Arroyo y tres socios entran en prisión por la nueva trama de fraude en subvenciones

 

El empresario Aneri, el prestamista Arroyo y tres socios entran en prisión por la nueva trama de fraude en subvenciones

Publicado 29/05/2017 13:18:55CET

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El empresario José Luis Aneri, el prestamista Antonio Arroyo Arroyo y tres de sus socios detenidos la semana pasada por un supuesto nuevo fraude en subvenciones públicas se encuentran ya en prisión, mientras que los otros cinco arrestados están en libertad con cargos, han informado a Europa Press fuentes judiciales.

Así lo el magistrado del Juzgado de Instrucción número 17 de Madrid, tras tomarles declaración el viernes. Además de Aneri, ya están en la cárcel de forma comunicada y sin fianza dos hombres y una mujer de nacionalidad rumana, que supuestamente actuaban de testaferros para los primeros.

Y es que en esta ocasión, a diferencia de la anterior de la estafa en cursos de formación madrileña, Aneri ya no actuaba con sus datos, sino que había recurrido presuntamente a ciudadanos rumanos y brasileños --su novia es de Brasil-- para configurar una red empresarial con el que ya había comenzado a pedir nuevas subvenciones para cursos de formación de parados, han indicado a Europa Press fuentes policiales.

Las otras cinco personas arrestadas se encuentran en libertad pero continúan imputados en la causa. Cuatro de ellos tienen las medidas cautelares de prohibición de salir del territorio nacional y deben presentarse ante la autoridad judicial cada cierto tiempo. La quinta persona se encuentra investigada sin medidas cautelares. Continúan las actuaciones judiciales del caso, que está bajo secreto del sumario.

EL CASO

En la llamada operación Rosario fueron apresados el miércoles, además de Aneri, el prestamista Antonio Arroyo, que la Policía nombró hace unos años como "el mayor estafador hipotecario de España", y el exdirector general de Viajes Marsans Iván Losada, condenado con anterioridad por participar en la apropiación indebida de los activos de la empresa presidida por Gerardo Díaz Ferrán.

Aneri, Arroyo y Alonso integraban presumiblemente un entramado societario ideado para captar fondos de subvenciones públicas y la ocultación del patrimonio. Fuentes de la investigación han cifrado la supuesta estafa en unos 12 millones de euros.

Para ello se apoyaban en testaferros e intermediarios para, según los investigadores, desviar presuntamente los fondos captados ilícitamente a través de ayudas a la formación para el desempleo de ciudadanos en su mayoría de una nacionalidad diferente a la española.

El Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid ya investigaba a Aneri tras su detención en 2014 junto al conocido empresario Alfonso Tezanos por falsedad documental y una presunta estafa de al menos 4 millones de euros con fondos para formación de la Comunidad de Madrid.

El pasado 11 de mayo, José Luis Aneri reconoció ante este juez de Plaza de Castilla que en abril de 2014 llegó a un acuerdo con la Fiscalía de Madrid para salir de prisión si "exculpaba" a la Comunidad de Madrid de las presuntas responsabilidades en la trama por la que estaba siendo investigado.

En aquella época la Fiscalía de Madrid estaba dirigida por Manuel Moix, ahora al frente de la Fiscalía Anticorrupción y cuyo papel en la denominada 'operación Lezo' ha sido cuestionado políticamente por los partidos de la oposición.

Aquel supuesto acuerdo, desmentido por la Fiscalía de Madrid, incluía según Aneri cargar la responsabilidad de lo ocurrido al expresidente de la asociación de empresarios FEDECAM Alfonso Tezanos y a uno de sus socios. El tercer punto del acuerdo era ingresar una fianza de 500.000 euros y el último requisito era que debía "autoinculparse" en el porcentaje de alumnos falsos que metió en los cursos.

Además, el jueves la comisión de investigación sobre corrupción política de la Asamblea de Madrid citó al empresario cordobés a comparecer en la sesión del 9 de junio sobre este caso. Al estar en la cárcel la Asamblea tendrá que estudiar si habilita el sistema de videoconferencia para tomarle declaración, tal y como ocurrió en dos ocasiones con el exconsejero de Justicia Francisco Granados, que aún se encuentra en la cárcel de Estremera por el caso Púnica.

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