Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 15/09/2010 18:52
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés ha elevado una moción a la Mesa del Senado en la que pide que se debata la derogación de un decreto-ley del año 1957, que aún está en vigor, en el que se considera al Valle de los Caídos "un magno monumento destinado a perpetuar la memoria de los Caídos en la Cruzada de Liberación para honra de quienes dieron su vida por Dios".
El senador Ramón Aleu explica que el Valle de los Caídos es el monumento arquitectónico ideado después del final de la Guerra Civil "para honrar la memoria de los caídos del bando vencedor", una edificación que comenzó en 1940 según un proyecto de Pedro Muguruza y Diego Méndez, "y en la que trabajaron miles de presos republicanos, junto con obreros y también presos comunes".
El espacio está al cuidado de un grupo de monjes benedictinos, la Hermandad de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, dirigida por el abad Anselmo Álvarez, tal y como se dejó escrito en el Boletín Oficial del Estado el 23 de agosto de 1957.
El parlamentario añade en su moción que ese Decreto-Ley rige todavía hoy la actividad del mausoleo y permite, entre otras actividades, que los monjes "reciban del erario 340.000 euros para mantener una escolanía, gestionar una hospedería, alquilar salas del recinto para grupos ultracatólicos o acoger campamentos de verano".
Además, asegura que los religiosos gozan de total autonomía para sus actividades, ya que Patrimonio Nacional "paga el mantenimiento de las colosales instalaciones, su seguridad o el acondicionamiento de los accesos, pero no obliga a la Abadía a rendir cuenta alguna sobre sus actividades".
En este punto, Aleu indica que los planes actuales del Gobierno para las instalaciones se concentran en este momento en la remodelación de los conjuntos escultóricos, muy deteriorados por las inclemencias del tiempo, por lo que se ha producido un cierre provisional de las mismas "por motivos de seguridad".
"Patrimonio Nacional es competente para la conservación, mantenimiento y seguridad del recinto, explica la Disposición tercera de la Ley 23/1982, reguladora de la entidad. Nada más forma parte de sus competencias", apostilla.
Por otro lado, el senador catalán señala que en 1984 el Gobierno de Felipe González trató sin éxito de rediseñar la gestión del recinto con una comisión y en 2007 la Ley de la Memoria Histórica "tampoco pudo menguar el poder de la abadía".
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés insta al Gobierno a derogar el Decreto-Ley de 1957 que rige las actividades del Monumento del Valle de los Caídos y a adoptar una nueva disposición conforme a la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.
También solicita que se proyecte en el espacio del Valle de los Caídos "el conocimiento de las circunstancias en que fue construido, mediante trabajo esclavo de prisioneros del bando republicano, y difunda valores democráticos y de paz".