Exalcaldesa Serranillos alega que bolsos que compró por 740 euros eran gastos municipales

 
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Exalcaldesa Serranillos alega que bolsos que compró por 740 euros eran gastos municipales

Publicado 22/11/2016 15:02:49CET

Dice que eran un obsequio a unas funcionarias de la Consejería de Hacienda por hacer una orden de pago de las nóminas de sus empleados

MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La exalcaldesa de Serranillos del Valle Olga Fernández (PP) ha afirmado este martes en el juicio que se celebra contra ella por malversación de caudales públicos que los dos bolsos que compró por 340 euros eran gastos de representación incluidos en una partida del presupuesto, siendo un obsequio para unas funcionarias de la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid por realizar una orden de pago.

Así lo ha manifestado en el juicio que ha arrancado esta mañana en la Audiencia Provincial de Madrid. Será un Jurado Popular el encargado de enjuiciar los hechos y dictaminar la inocencia o culpabilidad de al acusada.

Según el fiscal, la procesada acudió a una tienda donde, con la tarjeta de crédito Visa Oro Corporate, que le había sido entregada en consideración a sus funciones públicas, adquirió dos bolsos por importe de 370 euros, cantidad que no ha reintegrado.

En su declaración, ha explicado que se le dio esa Visa para gastos municipales. "Era para bienes y servicios del Ayuntamiento. Se compraban libros para la biblioteca o si en la guardería se necesitaban sillas. También eran gastos de representación y luego se entregaba un ticket", ha señalado.

Así, ha relatado que el dinero que se gastó estaba incluido en la partida de los presupuestos y que fue un obsequio para unas funcionarias de Hacienda por hacer una orden de pago de las nóminas de los empleados municipales.

A preguntas sobre si ese dinero se fiscalizó, la acusada ha señalado que ella dejó la Alcaldía en mayo de 2011, explicando que no es obligado llevar este presupuesto a la comisión de cuentas hasta el ejercicio siguiente. "Nosotras ya no estábamos", ha dicho.

La Fiscalía solicita para ella prisión de dos años, suspensión de empleo o cargo público durante ese mismo periodo de tiempo e inhabilitación especial para el derecho de sufragio mientras dure la condena, además de una multa a razón de doce euros diarios durante tres meses.

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