Exedil del PP de Las Rozas acusada de falsedad culpa a la que fuera directora de Servicios Sociales de los hechos

Audiencia Provincial de Madrid
EUROPA PRESS
Actualizado 21/02/2012 13:47:02 CET

La ex directora asegura que se negó a hacer los informes porque "no eran ciertos" y tenían la fecha cambiada, negando la acusación

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ex concejal del PP en el Ayuntamiento de Las Rozas Isabel Montero ha acusado en el juicio que se ha celebrado en la Audiencia Provincial de Madrid a la exdirectora de la Concejalía de Servicios Sociales Mar Palacios Pérez del delito de falsedad documental del que se le acusa a ella por encargar un informe falso que favorecía la adjudicación de una ludoteca a una sobrina.

Montero, que era concejal de Servicios Sociales en 1996, se ha sentado en el banquillo de los acusados de la Audiencia madrileña junto a Dolores Pérez, antigua educadora social, por falsedad en documento público, por lo que se enfrentan a veinte años de prisión. El juicio concluirá el próximo jueves.

La exedil ya se sentó en un banquillo por tráfico de influencias en relación a este mismo asunto, del que fue absuelta. Por ello, las defensas han alegado cosa juzgada, un extremo rechazado por la fiscal, el tribunal y la acusación particular al tratarse este juicio de falsedad documental.

"Ella era la única que escribía en la Concejalía porque era la directora y coordinadora", ha aseverado la acusada en referencia a Mar Palacios, quien estuvo al frente de este documento durante los dos años posteriores a la redacción de dicho texto.

"Ella fue quien elaboró ese informe, pero no lo firmó. Fue echada y decidió arrimarse al carro de las personas que me llevaron a la Audiencia. Si ella siendo directora de la Concejalía sabe y es conocedora de un hecho delictivo, ese mismo día era la única que tenía un ordenador debía haber ido al secretario del Ayuntamiento y haber notificado", ha dicho.

Frente a su versión, Mar Palacios ha asegurado que no tuvo ninguna intervención en el informe, puesto que su contenido "no era cierto" y no quería "tener nada que ver con él". "No quería saber nada porque todo era incierto. La nota la encargó la concejal porque quería dar el servicio de la ludoteca a un familiar", ha aseverado y ha reconocido que no denunció los hechos porque no quería contradecir a una superior.

Por su parte, la otra acusada ha negado que la ex edil le encargara el informe y ha asegurado que fue la directora de este departamento quién le mandó firmar ese documento. "A mí mi directora, mi superior, me mandó firmarlo y el uso de ese documento lo desconozco. Yo hice lo que me dijeron. Si se cambió la fecha, yo no participé", ha apostillado.

Por otro lado, una de las personas que quería optar a la ludoteca ha asegurado que la ex edil quiso dar este servicio a su sobrina y encargó la realización de dichos informes objeto del juicio. Además, otra testigo que fue voluntaria ha señalado que apenas tuvieron tiempo de preparar su proyecto.

RELATO DE LOS HECHOS

Según el fiscal, Dolores Pérez en su condición de educadora social del Ayuntamiento redactó por encargo de la entonces concejal de servicios sociales un informe en 1998 "con un manifiesto desprecio a la verdad" desfavorable sobre la empresa adjudicataria del servicio de ludoteca.

Con dicho informe, pretendieron justificar la propuesta realizada por Isabel, en marzo de 1997, para la adjudicación de este servicio a favor de un grupo integrado por la sobrina de la acusada. Estos hechos ya fueron juzgados por tráfico de influencias.

Para ello, las acusadas fecharon el informe en diciembre de 1996 y la nota en febrero de 2002 cuando realmente se había realizado posteriormente, por lo que no figuraba en el expediente administrativo de 1997.

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