El expolicía de Torrejón acusado de distribuir cocaína colombiana desde Barajas acusa a un inspector de incriminarle

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Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas
DENIS DOYLE/GETTY
Actualizado 08/02/2018 12:46:00 CET

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Antonio M.P, exsubinspector de la Policía Nacional en Torrejón de Ardoz, y acusado de integrar una presunta organización dedicada a la distribuición de cocaína desde Colombia a través del Aeropuerto Adolfo Suárez- Madrid Barajas, ha negado que participara de cualquier forma en operaciones de compraventa de droga, al tiempo que ha acusado a un inspector del mismo Cuerpo de urdir la acusación para incriminarle.

Así se ha defendido este exagente en su declaración ante la jueza de la Sección 15 de la Audiencia Provincial de Madrid durante la primera sesión del juicio, en la que se han reproducido además varias conversaciones telefónicas intervenidas a los acusados, que los abogados defensores han calificado como nulas debido a la forma en la que se consiguieron.

La causa se extiende contra un total de 16 presuntos integrantes de una organización dedicada a distribuir cocaína en varias localidades de la Comunidad de Madrid a finales de 2007 y principios de 2008. Todos ellos, de acuerdo con la Fiscalía, actuaban conforme a las directrices dadas por Jesús M.C., conocido como 'El Coleta', quien a su vez administraba los negocios de la entidad Córdoba Treviño S.L. que, entre otros, eran un bar y una discoteca de Torrejón. Estos dos locales eran propiedad del exsubinspector de Policía y de su mujer, Ángela T.L.

Antonio M.P., siempre según el fiscal, se valía de su condición de policía para facilitar a los miembros del grupo información de relevante interés policial y judicial mientras que su mujer le sustituía en sus tareas de transmitir y recibir información mientras trabajaba en comisaría. El sobrino de Ángela, Diego Armando C.T., se encargaba presuntamente de adquirir la cocaína.

Para ello habría contactado con Julián Yesid G.L. para conseguir reclutar a personas que trabajaran en el aeropuerto de Barajas con el objetivo de que, a cambio de dinero, hiciesen la vista gorda con los bultos y equipajes provenientes de Colombia que contuvieran la droga. En total el grupo estaría integrado por siete empleados de una compañía de vuelos de bajo coste quienes se encargaban de recoger los bultos que contenían la droga del avión y dejarlos en un punto previamente acordado para que otras persona se encargaran de llevarlos a su destinatario final.

Por estos hechos, la Fiscalía Provincial de Madrid solicita penas que oscilan entre los 20 y los siete años y nueve meses. En concreto, la mayor solicitud de pena (20 años) recae sobre Antonio M.P., por la presunta comisión de un delito continuado contra la salud pública así como por los delitos de encubrimiento, revelación de secretos e infidelidad en la custodia de documentos. En conjunto, la petición del fiscal asciende a una posible condena total de casi 175 años de cárcel.

EXSUBINSPECTOR: "ME TENÍA ANIMADVERSIÓN"

Antonio M.P. ha rechazado de pleno las acusaciones contra él, comenzando su declaración asegurando que "nunca" ha participado en operaciones de compraventa de droga ni similares, sino que todas las diligencias y pruebas contra él fueron tramitadas por un inspector de la Policía Nacional en Torrejón que le "tenía animadversión, tanto él como el comisario".

"No hubiera permitido que se vendiera droga en mi local. Yo no protegía a nadie porque, de hecho, tenía siete u ocho denuncias de la propia Policía Local por ruido y demás", ha defendido el exsubinspector, quien ha añadido que no conocía "a nadie del Aeropuerto de Barajas".

Sin embargo, los vínculos con 'El Coleta' quedaron registrados por la Policía Nacional en varias conversaciones telefónicas, reproducidas durante la sesión judicial de este martes. "Me tienes que dar 14, paso por el local", le comenta a el otro acusado en una de ellas, mientras que en otra, días después, dice: "Tenía un pajarito pero se me ha escapado".

En relación a que filtraba información policial al resto de acusados, también se ha reproducido una intervención telefónica en la que advierte de la presencia policial a uno de los colombianos, quien trabajaba "de forma esporádica" en sus locales: "Mario, están en la calle tus amigos. Ten cuidado que van a por ti".

En última instancia, ha negado que la báscula encontrada en el patio de su local se dedicara al pesaje de droga, sino que "era para pesar la carne". "Las bolsas de plástico que encontraron igual. Las más pequeñas eran para cumpleaños y las más grandes para carne. Las compraba en los chinos", ha puntualizado.

NULIDAD DE LAS INTERVENCIONES TELEFÓNICAS

En las cuestiones previas al comienzo de los interrogatorios de los acusados, todos los abogados defensores han coincidido en reclamar la nulidad tanto de las intervenciones telefónicas como del auto que incoó diligencias previas del Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid.

Con respecto a los pinchazos telefónicos, el argumento se centra en la "falta de motivación jurídica" para realizarlos, así como en la "vulneración del secreto de comunicaciones". Otro aspecto que han reseñado es que la autorización de las intervenciones se hizo a través de una providencia y no de un auto, "como está estipulado".

En relación al auto del Juzgado de Madrid, han explicado que el procedimiento comenzó en el Juzgado de Instrucción número 4 de Torrejón, pero que éste se inhibió en favor de su homólogo de la capital cuando descubrieron la presunta trama en el Aeropuerto de Barajas.

A partir de ese momento, defienden, todo el proceso posterior es nulo y quedó "viciado y contaminado", porque "se hizo un reparto irregular e indebido sin constancia documental de oficios previos o diligencias policiales".

El fiscal, no obstante, ha negado esta circunstancia, defendiendo que sí se incluyó toda la documentación necesaria como anexo, y que el proceso fue "ajustado a derecho". En cuanto a la nulidad de las intervenciones telefónicas, ha reconocido que "algunas podrían ser nulas, pero no todas".

"En cualquier caso, no afectaría a las acusaciones porque hay pruebas suficientes para incriminar a los acusados. Se sostiene todo sin esas escuchas", ha argumentado el representante del Ministerio Público, quien ha apostillado que "no es lo mismo la motivación sucinta o escueta que la falta de motivación total".