El fiscal pide 30 años de internamiento psiquiátrico para el descuartizador de Majadahonda

 
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Sus víctimas fueron trituradas

El fiscal pide 30 años de internamiento psiquiátrico para el descuartizador de Majadahonda

Publicado 07/11/2016 17:48:32CET

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Madrid ha solicitado para Bruno H.V., el presunto descuartizador de dos mujeres en la localidad de Majadahonda, una solicitud de 30 años de internamiento psiquiátrico de cara a la celebración del juicio que se señalará en las próximas semanas en la Audiencia Provincial de Madrid.

Así consta en el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, al que tuvo acceso Europa Press, en el que se considera al acusado autor de dos delitos de homicidio, uno de estafa, otro de falsedad documental y un quinto de tenencia ilícita de armas. Los homicidios se refieren a los de Adriana G. y Liria H., tía del procesado y la inquilina argentina que desapareció en 2011.

Aunque estos delitos entrañan una elevada pena de prisión, el fiscal entiende que sus capacidades estaban "comprometidas en el momento de los hechos". Un informe psiquiátrico confirmó que sufre un trastorno esquizofrénico paranoide.

En el relato de los hechos, según ha adelantado el diario 'ABC', el fiscal narra que Bruno dio muerte a su tía en una fecha "no determinada pero posterior al 13 de abril de 2010. Se deshizo del cuerpo con una maquina picadora industrial, que fue incautada por los agentes de la investigación en el sótano de la vivienda de la víctima situada en el municipio madrileño de Majadahonda.

En diversos documentos falsificó la firma de su familiar fallecido para obtener un beneficio económico. Lo hizo para simular que su tía le cedía el piso durante 15 años por 18.000 euros.

MUERTE DE UNA INQUILINA

Según el fiscal, acabó con la vida de la inquilina Adriana B.G. el 1 de abril de 2015. No se sabe cómo. El acusado hizo creer que la mujer se había ido de viaje. Incluso mandó a sus familiares mensajes simulando ser ella.

Para encontrar su cuerpo, se realizaron labores de búsqueda en el vertedero de Pinto entre el 28 de mayo y el 22 de diciembre de 2015, sin resultado positivo precisamente "al tratarse de un cuerpo triturado".

En cuanto a indemnizaciones, el fiscal pide que indemnice a los familiares de Adriana con 160.000 euros por daños morales. Y en 40.000 euros a cada uno de sus hermanos. Además, reclama que devuelva los 33.000 euros que se quedó de su tía.

En el escrito de la acusación que representa a los familiares de Adriana B.G., al que tuvo acceso Europa Press, se califican los hechos de asesinato. Piden que se le condene por este delito a la pena de 24 años de prisión, sin apreciar circunstancias modificativas.

INVESTIGACIÓN JUDICIAL

En el auto que concluyó la causa, el juez instructor calificó los hechos de dos delitos de asesinato, uno de falsedad documental, otro de estafa y un delito de tenencia ilícita de armas. Los asesinatos se refieren a los de Adriana G. y Liria H., tía del procesado y desaparecida desde 2011.

Un Jurado Popular será el encargado de enjuiciar los hechos que se le imputan, conforme a la tipificación de los delitos a enjuiciar. En la investigación, la Policía confirmó que la sangre encontrada en el domicilio del hombre correspondía a la de Adriana G., la inquilina argentina que había desaparecida hace meses y que hizo saltar las alarmas sobre los invesigadores.

Estos restos coincidían con los hallados en la picadora industrial de carne que se encontró en el garaje de la vivienda durante el primer registro y que el detenido podría haber utilizado para descuartizar a la mujer.

Según un informe psiquiatrico, el procesado padece un trastorno de esquizofrenia paranoide. Según el informe, cree pertenecer a una hermandad secreta que conoció en Puerto Rico a la edad de 15 años. El trastorno que sufre "impregna toda su vida y distorsiona completamente el enfoque adecuado de la realidad en la que vive".

"Sus capacidades estarían anuladas si los hechos, en los que niega su participación, hubieran estado condicionados por su delirio", recoge el documento, que añade que en el momento de los hechos el procesado habría abandonado la medicación.

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