La Fiscalía pide 6 años de cárcel para un funcionario de Hacienda acusado de falsear declaraciones de la renta

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EUROPA PRESS
Publicado 12/02/2018 15:35:39CET

Habría defraudado casi medio millón de euros

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Provincial de Madrid solicita seis años de prisión para Luis R.G., un funcionario de la Agencia Tributaria acusado de presentar declaraciones de la renta para sí mismo o para terceras personas a cambio de dinero aplicando la existencia de minusvalías o unidades familiares de forma ficticia.

Luis R.G., a quien la Fiscalía imputa un delito continuado de falsedad en documento público y otro de actividades prohibidas a un funcionario, deberá sentarse en el banquillo de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Madrid este martes a las 10 horas. Además, la Fiscalía pide para el acusado la pena de 1.200.000 euros con arresto personal sustitutorio de un año en caso de impago.

De acuerdo con las conclusiones provisionales del Ministerio Público, a raíz de la verificación llevada a cabo por la Agencia Tributaria sobre la actuación del acusado y las cuantías indebidamente devueltas a los respectivos contribuyentes y, por tanto, dejadas de ingresar por Hacienda, se llegó a la conclusión de que la cantidad presuntamente defraudada ascendía a 444.962, 44 euros.

La Fiscalía detalla que el acusado estaba dado de alta en la base de datos de la Agencia Tributaria como "colaborador social" desde el 11 de abril de 2008. Dada su condición de funcionario en la Agencia Tributaria, el acusado conocía los "filtros" informáticos que impedían detectar irregularidades en la declaración del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), bien a través de Gestor de Notificaciones o bien como "colaborador social" en las campañas de la renta a través de internet o intranet.

Así, narran que durante los ejercicios fiscales de 2008 a 2011, Luis R.G. "confeccionó y presentó declaraciones del IRPF para sí y para terceras personas a cambio de dinero, en las que aplicaba de manera ficticia la existencia de minusvalías o unidades familiares ficticias a sabiendas de que la aplicación informática existente iba a calificar las solicitudes de devolución de las mismas como correctas".

En el caso de que alguna declaración quedara retenida por los filtros de la Agencia Tributaria, el acusado, siempre según el fiscal, presentaba en plazo otra declaración sustitutiva "para evitar ser descubierto". Incluso, llegó supuestamente a presentar certificados de minusvalía falsos si se activaban los mecanismos de control la oficina correspondiente.