Los funcionarios de la administración de Justicia madrileña vuelven a la huelga el próximo 11 de diciembre

 

Los funcionarios de la administración de Justicia madrileña vuelven a la huelga el próximo 11 de diciembre

Actualizado 04/12/2008 11:49:35 CET

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un año después de haber puesto fin a una huelga indefinida de 13 días de duración, los funcionarios de la administración de Justicia de la Comunidad de Madrid volverán a la huelga el próximo 11 de diciembre, convocados por los sindicatos CCOO, UGT y STAJ.

Los sindicatos denuncian la falta de "voluntad política" del Gobierno de Esperanza Aguirre en solucionar la "grave situación" de los Tribunales, Juzgados y Registros Civiles de la región que, a pesar de asumir la mayor tasa de litigiosidad de toda España, "no han visto aplicadas ninguna de las medidas comprometidas para frenar el fuerte deterioro de este servicio público en el Acuerdo que, el entonces Consejero de Justicia Alfredo Prada, firmó con los representantes de los trabajadores el 11 de diciembre de 2007".

"El incumplimiento alcanza también a las mejoras de las condiciones laborales y retributivas de los trabajadores reconocidas en dicho acuerdo", advierten.

Las organizaciones sindicales convocantes de la huelga mantienen que la vuelta a la situación de confrontación es sólo responsabilidad de la Administración autonómica a la que acusan de haber utilizado, desde la firma del Acuerdo, todo tipo de maniobras para rehuir el cumplimiento de los contenidos pactados y, de parecer dispuesta a engañar a los trabajadores y a la ciudadanía firmando compromisos que no está dispuesta a cumplir.

Tras más de nueve meses sin haber concedido ninguna reunión a los representantes de los trabajadores, y sólo a preguntas de IU en la Asamblea de Madrid acerca de los Presupuestos de la Comunidad de Madrid para el 2009 en los capítulos dedicados a la Administración de Justicia, el Consejero de Justicia Francisco Granados, se vio obligado a confesar que el Gobierno regional no aplicará el Acuerdo firmado.

CCOO, STAJ y UGT alertan de que esta decisión dañará irreversiblemente los derechos de los ciudadanos madrileños a la tutela judicial efectiva, al situar a la Administración de Justicia en una situación de asfixia real.

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