El Gobierno regional mantendrá las mismas condiciones a los empleados públicos mientras se negocia un nuevo convenio

Actualizado: martes, 9 julio 2013 20:15

Los sindicatos barajan acciones judiciales si se regulan los términos laborales sin convenio vigente


MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional respetará las mismas condiciones laborales de los empleados públicos recogidos en el convenio colectivo para el personal laboral de la Administración de la Comunidad de Madrid, que ha quedado extinto, mientras se negocia un nuevo marco laboral.

Así lo han indicado a Europa Press fuentes de la Consejería de Presidencia y Justicia tras una reunión de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Comunidad de Madrid con representantes de CSIT-UP, CC.OO y UGT.

Por su parte, CSIT-UP ha manifestado en un comunicado que la administración ha explicado que el convenio colectivo ha quedado sin vigencia y que se emitirá una resolución donde se establecerán algunos aspectos recogidos en ese acuerdo mientras que el resto de condiciones se regirán por el Estatuto Básico del Empleado Público y Estatuto de los Trabajadores.

El sindicato entiende que el personal afectado por la extinción de vigencia del convenio supera los 30.000 trabajadores y teme que ello pueda generar pérdida de derechos laborales.

Por ello, CSIT-UP ha avanzado que presentará una demanda judicial para que se declare la vigencia del convenio colectivo extinguido y solicitará, a su vez, que los tribunales suspendan de forma cautelar de cualquier normativa de nueva elaboración hasta que haya una sentencia al respecto.

Mientras, CC.OO. considera que la actuación que pretende la Administración regional es "irregular" a tenor de lo dispuesto en la Ley de Medidas Urgentes para la Reforma del Mercado Laboral, concretamente en lo referido a la situación de los convenios colectivos cuando disponen de cláusula de salvaguarda.

Por tanto, el Sector de la Administración Autonómica de la FSC-CC.OO. de Madrid esta dispuesto a iniciar "cuantas acciones sean necesarias, incluyendo acciones penales, para salvaguardar los derechos de las empleadas y los empleados públicos madrileños".