Un juez archiva la denuncia del Ayuntamiento de Alcorcón contra Cascallana por malversación de gastos públicos

 

Un juez archiva la denuncia del Ayuntamiento de Alcorcón contra Cascallana por malversación de gastos públicos

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Enrique Cascallana
EUROPA PRESS
Publicado 15/06/2017 10:44:45CET

ALCORCÓN, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción número 6 de Alcorcón ha dictado el sobreseimiento provisional de una denuncia presentada por el Ayuntamiento de la localidad contra el exalcalde Enrique Cascallana (PSOE), relativa a unos presuntos gastos irregulares en actos y comidas de Alcaldía.

"De lo actuado no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado lugar a la formación de la causa", según reza el escrito al que ha tenido acceso Europa Press, y contra el que cabe recurso de forma.

El auto hace alusión al procedimiento de diligencias previas del Juzgado de Instrucción número 3 de Alcorcón en el que se dictó un auto en fecha 19 de abril de 2016 declarando "extinguida la responsabilidad criminal" de Cascallana al haber prescrito la "única factura individualizada en el escrito de denuncia de fecha 15 de marzo de 2009".

En la misma línea, considera que el resto de los hechos denunciados "son genéricos e imprecisos", no aportándose por la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Alcorcón la documentación que justifique que los gastos realizados por los querellados eran "excesivos o injustificados".

DENUNCIA

El presente caso se remonta a agosto de 2016, cuando el Gobierno denunció al exalcalde por un presunto delito continuado de "malversación de gastos públicos", considerando que algunos gastos de Alcaldía "no guardaban relación con los fines públicos que debe perseguir una administración".

El Consistorio explicó entonces que se trata de pagos de caterings o comidas, poniendo precisamente como ejemplo la factura registrada el 15 de marzo de 2009 correspondiente a un menú por 2.642,920 euros.

"Resulta evidente que es imposible que un menú en el señalado hotel tenga el importe que figura en la factura, luego el mismo no se puede corresponder con el señalado concepto ignorándose el concepto real", según puntualizaron.

"CAMPAÑA DE CALUMNIAS"

Para Cascallana, que gobernó el municipio de 2003 y 2011, el sobreseimiento demuestra la "campaña de calumnias y difamaciones" que lleva "soportando" desde 2011 por parte del alcalde, David Pérez, "quien insist" en imputarle "delitos a sabiendas de su falsedad, cuyas acciones judiciales son iniciadas y sufragadas con fondos públicos".

En este sentido, ha reiterado que tales hechos ilícitos no solo no se produjeron sino que una de las facturas "más escandalosas a las que se referían era relativa a la celebración de la III Jornada 'Universitarios con las Víctimas del Terrorismo: Memoria, Dignidad y Justicia'".

Tras el archivo de la demanda, el exalcalde ha anunciado la presentación de una querella contra el Gobierno del PP por los posibles delitos de "prevaricación, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos".

"(La denuncia del Ayuntamiento) no contaba con ningún tipo de solidez, como prueba su primer archivo en diligencias previas, y se podría haber incurrido en ilegalidad por parte de la demandante, Ana Gómez, quien podría haber cometido un delito de revelación de secretos y documentos municipales", según ha detallado.

TRÁMITES PARA LA VÍA CIVIL

Por su parte, fuentes municipales han indicado a Europa Press que el Ayuntamiento va a iniciar los trámites para abrir la vía civil, ya que, "no queda cerrado, como así dice el juez, el ejercicio de la reclamación civil en relación a los gastos producidos".

Asimismo, desde el Partido Popular advierten que "el juez dicta un archivo provisional, lo que significa que, en el caso de que los gastos del equipo socialista se apreciaran como desproporcionados, el juez reabriría la causa", insistiendo en que las facturas existen y "prueban las comilonas".

En cuanto a la querella que ha anunciado Cascallana, han asegurado que "no hay base legal" y que es fruto de "una confusión de los tipos legales" y "un intento de justificación, éticamente imposible, de los casi 178.000 euros que empleó en los fines indicados".

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