MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -
La juez de Instrucción del Juzgado número 3 de Navacerrada ha solicitado a la Intervención General del Estado las cuentas del Ayuntamiento de Arroyomolinos y de la Empresa Municipal de la Vivienda en el marco de la causa en la que investiga al alcalde y a otros mimebros de su equipo por prevaricación y malversación por la supuesta adjudicación irregular de obras entre 2003 y 2007 por valor de 40,5 millones de euros.
En un auto, al que tuvo acceso Europa Press, la magistrada estima un recurso de reforma impuesto contra la providencia de 06 de julio del 2013 y acuerda no dejar sin efecto la pericial solicitada a la Intervención General del Estado tal y como habían solicitado los denunciados.
De este modo, el instructor oficia a la intervención general del Estado para que en lo más breve posible emita un informe sobre los hechos investigados. Alega en los razonamientos jurídicos que ese informe fue motivado inicialmente.
El recurso presentado por el PSOE de Arroyomolinos alegaba la indefensión causada por la parte denunciante al haberse dejado sin efecto el nombramiento de perito de la Intervención General del Estado.
Este nombramiento pretendía esclarecer los hechos y ante los que la parte denunciada, el alcalde y 2 miembros más del equipo de gobierno renunció por considerarla redundante de otra previa solicitada.
En un comunicado, los socialistas han considerado preciso elaborar en la causa un informe pericial contable, centrado en el análisis de la contabilidad del Ayuntamiento y Empresa Municipal de la Vivienda, así como sobre la existencia de soporte contable y justificación suficiente para dichos apuntes.
En este sentido, han recordado que son múltiples, a lo largo de los años, "los informes de intervención en los que se denuncia la falta de acceso a la contabilidad de la empresa municipal de la vivienda, así como las declaraciones en sede judicial del cuerpo técnico del Ayuntamiento, en las que informaron del vaciamiento de las facultades de control en la práctica totalidad de la contratación municipal durante muchos años".
En el escrito de reforma, se recordaban las declaraciones de las funcionarias municipales, en las cuales se puso de manifiesto cómo el equipo de gobierno del PP eludía de forma sistemática los controles administrativos en los procesos de contratación, existiendo a su vez multitud de salvedades en los informes de la Cámara de Cuentas.
