El juez Ruz interroga mañana a González Panero, a Bosch y a José Galeote al reactivar la causa de Boadilla

Arturo González Panero dimite como alcalde de Boadilla
EUROPA PRESS
Actualizado 15/07/2013 9:44:14 CET

Quiere interrogarles por nuevos indicios procedentes de comisiones rogatorias en el extranjero

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El exalcalde del municipio madrileño de Boadilla del Monte Arturo González Panero volverá a declarar cuatro años después por las presuntas adjudicaciones irregulares a empresas de la trama 'Gürtel'. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz le ha vuelto a citar para este martes junto al exedil José Galeote, el exdiputado del PP Alfonso Bosch, y quien fuera un estrecho colaborador del antiguo regidor, Tomás Martín Morales.

El pasado 3 de julio, el magistrado fijó un calendario de citaciones, que entre el martes y el jueves volverá a llevar al órgano judicial en calidad de imputados a González Panero y a otros once implicados en la trama. Entre ellos, se encuentran excargos del PP, empresarios y presuntos blanqueadores de la trama.

A todos ellos se les imputan varios delitos contra la Administración pública -cohecho, prevaricación, malversación, fraude a la Administración pública-, delitos contra la Hacienda Pública y de blanqueo de capitales.

A la luz de los nuevos indicios que obran en la causa y tras la llegada de información procedente de autoridades extranjeras, el juez considera que es procedente tomarles de nuevo declaración teniendo en cuenta además que la primera vez que comparecieron algunos de ellos la causa estaba secreta.

Así lo acordó en un auto el titular del Juzgado Central de Instrucción numero 5 a instancias de la Fiscalía, que considera que al menos desde el año 2000 y hasta 2009 desde el entorno del cabecilla de la trama Francisco Correa, "se habrían entregado dádivas en forma de regalos -como viajes o artículos de joyería- o efectivo a funcionarios y autoridades con influencia o competencia en el ámbito de la contratación pública".

Entre esos cargos públicos se encontrarían, según Ruz, algunos vinculados al Ayuntamiento de la Empresa Municipal del Suelo de Boadilla del Monte, entre ellos el por entonces alcalde, conocido en la trama como 'El Albondigilla', el exdiputado regional Bosch, el expresidente de la citada empresa pública Cesar Tomás Martín Morales (cuya capacidad para prestar declaración deberá ser valorada por un forense) y el exedil José Galeote Rodríguez.

CALENDARIO DE COMPARECENCIAS

González Panero, Martín Morales, Bosch Tejedor y José Galeote han sido citados el 16 de julio, mientras que un día después deberan comparecer los empresarios García Pozuelo, Martínez Parra, Martínez Molinero, Naranjo Villalonga y Naranjo Anegón. El día 18 Ruz interrogará a los presuntos "blanqueadores" Ramón Blanco Balin, Rodolfo Benigno Ruiz Cortizo y Luis de Miguel Pérez.

Indiciariamente el grupo de sociedades vinculadas a Correa, dedicadas a la organización de eventos -Special Events S.L., Diseño Asimétrico, Good&Better S.L. Y Servimadrid S.L.- habrían obtenido numerosos contratos vulnerando la normativa de contratación pública, por adjudicación directa o fraccionando los contratos para que no superaran la cuantía inferior a 12.020,24 euros.

El magistrado también sospecha de empresas de terceros que se habrían beneficiado igualmente de adjudicaciones a cambio de comisiones abonadas a los cargos públicos en cuyo entorno habría intervenido igualmente el entorno de Correa, como Constructora Hispánica, EOC de obras y servicios, Teconsa y Sufi S.A.

COMISIONES MILLONARIAS

Entre esas adjudicaciones, Ruz destacó las obtenidas por las sociedades de Alfonso Garcia Pozuelo (Parque del Deporte y la Salud, Colegio Público Príncipe Felipe, y otras obras urbanas. En relación con TECONSA se habrían abonado comisiones por importe total de 1,8 millones de euros (piscina municipal, escuela infantil y viviendas), la empresa SUFI obtuvo el contrato de recogida de residuos y limpieza (por lo que se pagó 98.389,42 euros a Especial Events), y UFC fue la adjudicataria del desarrollo de un polígono del municipio.

El magistrado resaltó igualmente las "numerosas irregularidades" relacionadas con tres parcelas sobre las que Boscch y Martín Morales habrían ocultado su participación.

En relación con los pagos a cargos públicos como el que fuera alcalde de Boadilla, Ruz subraya que para ocultar los regalos de la 'Gürtel' y al mismo tiempo deducirse esos gastos en sus declaraciones tributarias se valía de las facturas falsas que le procuraba Special Events. Los regalos y entregas de efectivo en su caso habrían ascendido a 637.000 euros.

Por lo que se refiere al expresidente de la empresa de suelo, utilizó con los mismos fines que el anterior la empresas Free Consulting dese la que se emitían facturas bien a sociedades del grupo Correa bien a otras como Consultoría y Gestión de Inversiones S.L. Habría obtenido 600.000 euros.

En cuanto a lo obtenido por otros cargos públicos mediante el mismo sistema, el auto del juez juez Ruz vinculaba a Bosch con el cobro de 250.000 euros en dádivas y a José Galeote con la obtención de 500.000 euros que no habrían sido declarados en sus correspondientes declaraciones tributarias.

CUENTAS EN SUIZA

Tanto este último como 'El Albondigilla' habrían invertido parte de esos fondos junto a Correa y a Javier del Valle Petresfeldt ocultándose tras una mercantil gestionada por Luis de Miguel Pérez, Freetown Comercio y Servicios, ubicada en Madeira. Esta inversión se habria transferido posteriormente a una cuenta del HSBC en Ginebra, según los investigadores. Los datos sobre estas operaciones han sido remitidos recientemente a Ruz por las autoridades suizas.

Además, el excalcalde de Boadilla se habría valido de otras entidades para ocultar sus fondos ilícitos, manteniendo para ello otra cuenta en el HSBC de Ginebra a nombre de Longridge International S.A. en la que figuraría su entonces esposa, Elenna Villarroya. Según la instrucción, "el albondigilla" habría utilizado esos fondos para invertir en bienes situados en Miami y Marruecos.

Finalmente, Ruz pide que se cite como testigos a Jesús Medina y Olga Iglesias, trabajadores del grupo Rafael, y a Pilar Rubio, vinculada a la entidad públia Arpegio. Han sido citados en relación con un informe de la Intervención General sobre contratación con la Comunidad de Madrid y con las últimas declaraciones realizadas por responsables de empresas constratistas y por la secretaria del exconsejero de Presidencia, Alberto López Viejo, los pasados 19 y 20 de junio.

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