El juicio del caso 'Guateque' por una trama de licencias exprés arranca el 10 de enero

 
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El juicio del caso 'Guateque' por una trama de licencias exprés arranca el 10 de enero

Publicado 17/10/2016 14:53:29CET

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El juicio del caso 'Guateque' sobre una presunta trama de licencias exprés en el Ayuntamiento de Madrid arrancará el próximo 10 de enero y está previsto que haya 53 sesiones, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

En este caso están imputadas 34 personas por esta presunta trama de corrupción y la Fiscalía de Madrid solicita penas que suman hasta 250 años de prisión por delitos de cohecho, negociaciones prohibidas para los funcionarios y prevaricación ambiental, entre otras infracciones penales.

Los hechos se remontan al 14 de noviembre de 2007 cuando se produjo la detención de 16 personas por orden del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid. La intervención judicial en la Gerencia de Urbanismo y la Concejalía de Medio Ambiente descubrió una presunta red de cobro de comisiones ilegales en el seno del Ayuntamiento.

En el marco de la instrucción estuvieron cumplieron prisión preventiva un total de diez imputados, entre ellos los cerebros de la trama. Seis años después, se acordó la imputación formal de 34 personas por delitos de cohecho, negociaciones prohibidas para los funcionarios y prevaricación ambiental, entre otras infracciones penales.

UN TOTAL DE 34 IMPUTADOS

Tras concluir la investigación, el instructor acordó levantar la imputación de un total de 45 personas. Entre ellas destacaba la mujer del exconsejero del Gobierno regional e imputado en el 'caso Gürtel' Alberto López Viejo. Estaba imputada por la concesión de una de las licencia del restaurante que regenta en el distrito Retiro.

En cuanto a las penas, el fiscal reclama 14 años de prisión para uno de los presuntos cabecillas. Se trata de Victoriano Ceballos, quien estuvo al frente de la División municipal de Impacto y Análisis Ambiental de Medio Ambiente. Se le acusa de cuatro delitos de cohecho, seis de negociaciones prohibidas para los funcionarios y prevaricación ambiental.

Otro de los supuestos cerebros era Joaquín Fernández de Castro, a quien se imputa ahora un delito de cohecho, nueve delitos de prevaricación ambiental, y uno de negociaciones prohibidas a los funcionarios. Se enfrenta a una petición fiscal de 11 años de prisión.

Además, pide penas de hasta 21 años de cárcel para los acusados Santiago Castillo y el funcionario municipal Carmelo García. El primero forma parte del grupo de empresarios que se beneficiaron de los favores de los funcionarios.

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