Un juzgado anula la enajenación de varias parcelas comerciales del Ayuntamiento por "no ajustarse a derecho"

Actualizado 30/05/2011 20:55:52 CET

ULEG denunció el precio de venta de 18,5 millones en el pliego cuando en el mercado ascendía a 48,5 millones

LEGANÉS, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El juzgado de lo Contencioso-administrativo número 25 de Madrid ha estimado un recurso por el que "anula" varios acuerdos del Ayuntamiento de Leganés de 2009 en la venta de parcelas comerciales por "no resultar ajustadas a derecho".

Según la sentencia, fechada el pasado día 12 y a la que ha tenido acceso Europa Press, el juzgado ha estimado el recurso que interpuso el portavoz de 'Unión por Leganés' (ULEG), Carlos Delgado, contra los acuerdos del Consistorio de enajenar varias parcelas de uso comercial y de ocio en el Plan Parcial 3 ('Puerta de Carabanchel') presuntamente por debajo de su coste de mercado.

Según los fundamentos de derecho de la resolución judicial, Delgado basó su demanda en la existencia de "irregularidades en el proceso de enajenación de parcelas propiedad del Ayuntamiento obtenidas en un proceso de reparcelación, desprendiéndose del expediente que se pretenden obtener ingresos para cubrir los gastos generales y corrientes del Ayuntamiento".

La sentencia considera que "el valor obtenido" de las parcelas fue "muy inferior al señalado por el arquitecto jefe de la sección del Catastro", que cifró el precio de venta en 48,5 millones euros, frente a los 18,5 millones euros que fijaba el pliego.

Esta cantidad resultó de la valoración que se hizo de las parcelas por "referencia", es decir, tomando como base otra parcela de un convenio urbanístico de 2002, de siete años antes.

El juzgado ha considerado que "los intereses públicos demandan que si la diferencia es de la importancia apuntada, debe justificarse exhaustivamente mediante los informes técnicos correspondientes que el valor menor de los dos que se han obtenido es el correcto".

Así, concluye que el informe de valoración era "insuficiente de todo punto para justificar la valoración".

Por otro lado, el juzgado ha estimado que, con el acuerdo, "se ha vulnerado la obligación que impone la ley de incluir las parcelas en los registros públicos de explotación de los patrimonios públicos del suelo", lo que "supone --ha añadido-- burlar el control presupuestario que ejerce el Pleno sobre dicho patrimonio".

Además, el juzgado ha considerado que al valorar el Arquitecto municipal los terrenos en 48,5 millones, la venta de las parcelas requería "la previa autorización" de la Comunidad de Madrid al suponer esta cantidad "más del 25 por ciento del presupuesto municipal" (cifrado en unos 158 millones de euros).

Tras tener conocimiento de la sentencia, ULEG ha asegurado que no descarta presentar el caso ante la Fiscalía Anticorrupción y que pedirá "explicaciones", puesto que considera que el acuerdo suponía la "sustracción" de 30 millones de euros a las arcas municipales.

A juicio de su portavoz, Carlos Delgado, "se pretendía vender parcelas pertenecientes al patrimonio municipal de suelo por 18,5 millones de euros (a 500 euros el metro cuadrado edificable), cuando el valor de mercado de los 37.123 metros de las distintas parcelas es de 1.308 euros el metro cuadrado, según el arquitecto municipal".

"¿Por qué estas diferencias? ¿A qué respondía esta política contraria a los intereses municipales?", se ha preguntado Delgado.