MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Coslada ha decretado que continúe la investigación sobre la reforma de la Plaza de España de San Fernando de Henares para aclarar si una serie de personas, entre ellos los exalcaldes de la localidad Julio Setién y Ángel Moreno, cometieron presuntos delitos en esta operación.
Así lo detalla la magistrada María de las Nieves Gómez Martínez en un auto, adelantado por el diario 'El País' y al que ha tenido acceso Europa Press, en el que rechaza el archivo de la causa y establece que las diligencias previas se transformen en procedimiento abreviado para comprobar la posibilidad de delito en los dos exalcaldes de la localidad.
La resolución judicial expone que se investigue, aparte de los exalcaldes, a antiguos miembros del equipo de Gobierno local y varios socios de la sociedad Woodman. La sociedad semipública Plaza de España San Fernando SL para la reforma está en fase de liquidación y arrastra una importante deuda.
En este sentido, el auto establece que deben investigarse si estas personas están implicadas en un presunto delito continuado de administración desleal, insolvencia punible, apropiación indebida, delito continuado de estafa, delito continuado de falsificación de documento mercantil, delito contable continuado, malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, delito continuado contra la hacienda pública y delito societario.
Por ello, da traslado de la decisión a la Fiscalía y a las acusaciones particulares para que curse escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral. Contra el auto cabe recurso de apelación.
A su vez, el auto establece como posibles responsables civiles subsidiarios al Ayuntamiento de Madrid, a la mercantil Woodman, la Mace Mangement Services, Laes Nexia Auditores y Jovicasa y Carfer.
El proceso judicial se abrió a raíz de la querella inicial presentada por la mercantil Ortiz Construcciones y Proyectos, adjudicataria de contratos de ejecución de obras en base a que se había llevado una doble contabilidad y destrucción de documentos con vistas al "vaciamiento patrimonial" de la sociedad.
La magistrada expone que se "desprende indicios racionales" de comisión de delitos en las personas mencionadas y cree que se debe impulsar el proceso para realizar un "juicio de imputación razonablemente fundamentado en los términos provisionales y meramente indiciarios".
EL AYUNTAMIENTO, UNA "VÍCTIMA"
En relación a este auto, el Ayuntamiento de San Fernando de Henares expresa su "más absoluto respeto" a las resoluciones judiciales, así como a la presunción de inocencia de cualquier investigado o encausado hasta la existencia de una sentencia firme.
En un comunicado, añade que en todas las resoluciones del llamado caso Plaza España "han venido dando la razón a las tesis que desde hace casi tres años defienden los actuales responsables de este Consistorio y gran parte de la población del municipio".
En dicho auto el Ayuntamiento es calificado como responsable civil subsidiario, en base a los hechos cometidos por los responsables municipales de las legislaturas pasadas.
Para el Consistorio, el Ayuntamiento "no es responsable de estas acciones sino una víctima más de estos hechos" y por ello presentará recurso de reforma al auto, para intentar cambiar la posición de responsables civiles subsidiarios y formar parte de la causa como acusación en el procedimiento.
"Este cambio nos permitiría defender los intereses de los vecinos y vecinas con mejores garantías procesales. Sabemos de la dificultad de este objetivo pero creemos que precisamente los hechos ocurridos en San Fernando de Henares son otro ejemplo más de cómo la vieja política y los intereses partidistas ha dejado de lado a los vecinos y vecinas de nuestro pueblo y abrazan a sus propios interés, y por ello debemos intentar agotar todas las acciones posibles", concluye el Consistorio.
