Las leyes castigan con penas de entre 1 y 5 años de cárcel y multas de hasta un millón de euros el delito de incendio

Actualizado 26/06/2007 14:17:08 CET

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los madrileños que provoquen, intencionadamente o por una negligencia, incendios forestales pueden enfrentarse a penas de cárcel de entre uno y cinco años y multas de hasta un millón de euros según la legislación existente. Los castigos dependen de las causas del incendio y de otros atenuantes, como el que el causante haya intentado extinguir el fuego. De esta manera, el Gobierno regional pretende proteger las 432.000 hectáreas de masa forestal existentes en la región, que cubren casi un 30 por ciento de su superficie, sobre todo de cara a la época estival, cuando se registran las más altas temperaturas y el riesgo es mayor.

La gravedad de la pena depende de si se califica el acto de delito o de infracción administrativa, de lo cual depende quién juzga el caso e impone la pena, la administración regional o el juzgado.

La normativa estatal considera que se produce un delito de incendio forestal cuando se quema masa forestal por culpa del comportamiento intencionado de una persona o actividad. Por ejemplo, cuando alguien deliberadamente incendia el monte, enciende una barbacoa en época de riesgo o trabaja con maquinaria que echa chispas.

Asimismo, también se considera un delincuente a quien haya provocado un incendio de forma no premeditada pero como consecuencia de una imprudencia grave, por infringir o ignorar el cuidado que se debe tener o cuando el riesgo es evitable y previsible. Por ejemplo, cuando alguien enciende una lumbre en el mes de agosto para asar unas chuletas.

Las penas previstas para estos casos van desde condenas a cárcel de uno a cinco años, según la gravedad del incendio, hasta multas que pueden oscila entre los 36 euros y los 9.015 euros. Además, si por culpa del incendio forestal se ha puesto en peligro la integridad de alguna otra persona, la pena de cárcel se eleva de diez a veinte años.

Cualquiera de estos castigos se aplica en su máxima extensión si el incendio afecta a una superficie muy extensa, si de él se derivan grandes o graves efectos de erosión del suelo o si por su culpa se alteran las condiciones de vida animal o vegetal de la zona. El mismo caso se produce cuando el pirómano obtiene un beneficio económico del incendio.

Si el incendio no se propaga, la cárcel se reduce a un periodo de entre seis meses y un año, y la multa de seis a doce meses. Y si el autor del fuego lo apaga inmediatamente, no se le sanciona. En caso de que el incendio sea resultado de una imprudencia grave, las penas previstas para los delitos se reducen al mínimo.

Para prevenir estas situaciones, los Ayuntamientos de la región han precintado ya las barbacoas públicas situadas en lugares de riesgo, de cara al verano y, con él, de la época de incendios, prohibición que se extenderá hasta el próximo 15 de octubre. Esta medida se ajusta a la normativa de la Consejería de Medio Ambiente de la región, que regula el uso de barbacoas en las áreas recreativas ubicadas en los montes y terrenos forestales.

INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS

Existe además otro tipo de comportamientos que, aunque conllevan incendios forestales, son sancionados como infracciones administrativas, aplicadas por el Gobierno regional. Entre ellos se cuentan la quema de ejemplares de especies forestales; el empleo del fuego en montes y áreas colindantes en épocas, condiciones o lugares prohibidos sin que se produzca incendio; o el incumplimiento de las normas que regulan la prevención y extinción de los fuegos.

Estas infracciones se dividen en tres categorías: muy graves, cuando se calcula que el monte tardará más de 10 años en recuperarse, en cuyo caso las penas pueden alcanzar el millón de euros; infracciones graves, si el monte tardará en recuperarse entre seis meses y diez años, cuya multa oscila entre los 100.000 y el millón de euros; y las faltas leves, cuando el incendio no causa daños al monte o su periodo de recuperación no excederá de los seis meses. En estos casos, la sanción es de hasta 1.000 euros.

Además, la administración regional puede también imponer otras medidas punitivas, por ejemplo, prohibir la recalificación del suelo quemado en los siguientes 30 años para evitar los incendios por especulación; suprimir los usos o aprovechamientos del terreno existentes antes del fuego; o intervenir la madera quemada en la zona.

Asimismo y en cualquier caso, el responsable del fuego queda obligado a reparar el daño causado, a indemnizar a cualquier persona que se haya podido ver afectada, e incluso a pagar los costes de extinción del incendio y a indemnizar a la Administración.

En los casos en que el incendio se ha provocado para obtener un beneficio económico que exceda la multa impuesta, el responsable queda obligado a pagar una cuantía que puede llegar a doblar el beneficio obtenido.

A pesar de esta normativa, el año pasado se quemaron 1.094 hectáreas en 271 incendios forestales, con uno especialmente destructivo en la zona de Chinchón y Villaconejos, que calcinó 480 hectáreas, según fuentes de la Consejería de Medio Ambiente consultadas por Europa Press. En 2005, el área quemada fue de 825 hectáreas por culpa de 427 fuegos.