"Es un obstáculo para que los ayuntamientos presten servicios de calidad y eficiencia" y sin instrumentos jurídicos objetivos para ser aplicada"
MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Madrid asume su papel de "liderazgo" en la llamada lanzada con otras corporaciones locales, con independencia de su color político, para repensar la ley de financiación local, calificada como una "legislación atrasada" y que forma parte de "otro periodo histórico de la ciudad y del país", por parte de la portavoz del Ejecutivo madrileño, Rita Maestre.
En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, la edil ha dado cuenta de la aprobación inicial de liquidación presupuestaria de 2016, que incluye la ejecución del gasto social de 605 millones, "un techo histórico" comparado con ejercicios anteriores. A eso se suma un superávit de 1.022 millones, un remanente de tesorería por encima de los 400 millones con un aumento de la inversión y del gasto por encima del 20 por ciento.
"Se demuestra que se puede gestionar bien, con sentido común y honradez", ha manifestado Maestre, que no ha obviado las "limitaciones legales que forman parte de otro periodo histórico de la ciudad y del país" y que "impiden prestar servicios públicos con calidad". Este es el marco que ayer se abordó en la reunión convocada con otros municipios que están bajo la supervisión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Participaron alcaldes e interventores de Valladolid, Valencia, Zaragoza o Las Palmas.
Con respecto a la ley de estabilidad "el consenso es total" por parte de las administraciones locales, "con independencia de la ideología de los alcaldes". Todos coinciden, en palabras de Maestre, que "esta legislación es un obstáculo para que los ayuntamientos presten servicios de calidad y eficiencia, es una legislación atrasada y que no tiene instrumentos jurídicos objetivos para ser aplicada".
Y es que la regla de gasto es calculada por la Intervención de cada municipio porque ni la ley, ni en la directiva europea ni en la concreción hecha por el Estado aparecen "instrumentos objetivos para medirla", lo que se traduce en una "enorme inseguridad jurídica" ya que no se puede aplicar "con igualdad" en el país.
Madrid asume el "papel de liderazgo" en las propuestas que están haciendo los municipios y que se sumarán a la comisión que ha puesto en marcha el ministerio de Hacienda para "repensar la financiación local".
