Será el 21 de diciembre cuando se adjudique el alquiler de las últimas promociones que tiene ya construidas la EMVS
MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -
Madrid y otras seis 'Ciudades del Cambio' han planteado al Ministerio de Fomento que se obligue a la SAREB y a otras entidades rescatadas con fondos públicos a incorporar sus inmuebles vacíos al fondo municipal de viviendas para el alquiler social. En la propuesta del Plan nacional de Vivienda, las aportaciones son voluntarias.
Es una de las propuestas que han presentado los concejales responsables de Vivienda de los ayuntamientos de Madrid (José Manuel Calvo), Barcelona (Josep María Montaner), Cádiz (Eva Tubío), Valencia (María Oliver), Santiago de Compostela (Jorge Duarte), La Coruña (Xiao Varela) y Zaragoza (Pablo Híjar) al secretario de Estado de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, Julio Gómez-Pomar, a quien le han presentado personalmente sus alegaciones al Plan Nacional de Vivienda 2018-2021, en proceso de tramitación.
"Queremos que nos ayude el ministerio con un marco regulatorio con la SAREB para poner esas viviendas a disposición de las personas que están en lista de espera", ha explicado Calvo.
Esta petición se produce en un momento en el que el Ayuntamiento está a punto de quedarse sin vivienda pública: será el 21 de diciembre cuando se adjudique el alquiler las últimas que tiene ya construidas la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS), han informado fuentes municipales a Europa Press.
En sus alegaciones al Plan Nacional de Vivienda 2018-2021, los concejales de las siete 'Ciudades del Cambio' hoy reunidas piden una inversión que equipare España al resto de países europeos con políticas más acordes con la idea que la vivienda es un derecho fundamental.
2.000 MILLONES DE INVERSIÓN
Una de las principales propuestas que han presentado ha sido dotar al plan nacional de 2.000 millones de euros de inversión en 2018, e invertir así la tendencia que se ha venido dando a lo largo de los últimos años de "reducción drástica" del gasto público en políticas de vivienda.
En la actualidad, el gasto destinado a vivienda de la Administración General del Estado supone el 0,059 por ciento del PIB (467 millones de euros en 2017). "Si continúa con la tendencia actual de recortes en materia de vivienda, las políticas públicas de vivienda desaparecerán en cinco años", han alertado los ayuntamientos.
La reclamación de los siete ayuntamientos es que en el plazo de 10 años el gasto se sitúe en el 1,5 por ciento del PIB. Este incremento anual permitiría que España se equiparase al resto de países europeos que impulsan políticas más acordes con el principio de la vivienda como un derecho fundamental, recogido en el artículo 47 de la Constitución Española.
El incremento presupuestario resulta imprescindible para poder aumentar el parque público de alquiler y situar así las ciudades españolas a nivel europeo: actualmente España sólo tiene el 2,5 por ciento de vivienda asequible (incluyendo VPO pero también rentas antiguas), un parque insuficiente para cubrir las necesidades de la ciudadanía, mientras que en Austria el 24 por ciento de la vivienda corresponde al parque público de protección, o en el Reino Unido o en Francia se sitúa en el 17.
En el caso de las medidas de tipo financiero, los ayuntamientos proponen que el Instituto de Crédito oficial disponga de líneas de financiación específicas para proyectos de vivienda protegida, que desde el Gobierno se de apoyo técnico y financiero para solicitar financiación y ayudas europeas o que se establezca un estudio sobre sistemas de financiación de vivienda pública, social y asequible para conseguir la convergencia europea.
En cuanto a la potenciación de nuevos modelos, la propuesta pasa por establecer un marco legal para impulsar alternativas como el derecho de superficie en cesión de uso, que garantiza la propiedad pública del suelo.
EVITAR LA ESPECULACIÓN EN LA COMPRA DE VIVIENDA PÚBLICA
Entre las alegaciones presentadas al Plan Nacional de Vivienda, los ayuntamientos plantean la necesidad de evitar la especulación con la vivienda pública de compra. La propiedad del suelo de este tipo de viviendas no debe pasar a manos privadas al cabo de los años, como sucede en la actualidad, han defendido las siete administraciones municipales.
Además las ayudas a la rehabilitación deben priorizar al pequeño propietario con escasos recursos económicos por delante del gran propietario, y tienen que prever medidas para que las mejoras que se realizan con ayuda de fondos públicos "no puedan repercutir en un incremento excesivo del contrato de alquiler que expulse a los vecinos y vecinas".
Los representantes de los ayuntamientos han aprovechado la reunión para poner sobre la mesa la reivindicación de modificaciones en el marco legal y normativo que protejan a los inquilinos. Así, plantean que la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) debe alargar la duración mínima de los contratos, puesto que se ha demostrado en muchas ciudades que la reducción a tres años que se llevó a cabo en la última actualización de esta ley ha conducido a "subidas de los precios muy por encima de la capacidad adquisitiva de la ciudadanía".
Plantean igualmente la eliminación de los beneficios fiscales de las SOCIMIS ya que la actividad de estas sociedades repercute negativamente en el mercado de alquiler y, gracias a las excepciones de tributos y a las bonificaciones fiscales, sus ganancias superan los 5.000 millones de euros. La compra de vivienda habitual por parte de personas y entidades extranjeras no residentes también debe ser penalizada fiscalmente, añaden.
FOMENTO ESTUDIARÁ "LAS SUGERENCIAS"
Por su parte, Gómez-Pomar ha recalcado que "la reunión ha sido cordial y abierta" y ha insistido en que el Plan Nacional de Vivienda 2018-2021, el cual tiene "un marcado carácter social", es "fruto de un alto consenso por parte de las comunidades autónomas". El Gobierno aún no ha respondido a las demandas de los ayuntamientos, aunque ha asegurado que Fomento "estudiará todas las sugerencias".
La Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados aprobó en diciembre de 2016 la puesta en marcha del nuevo Plan Nacional de Vivienda para el periodo 2018-2021. Esta iniciativa supone la continuación del Plan Nacional de Vivienda desarrollado entre los años 2013 y 2016, prorrogando las ayudas durante el año 2017 debido a la imposibilidad de firmar un plan cuatrienal por encontrarse el Gobierno aún en funciones cuando expiraba el plazo del anterior plan.
