Madrid puede institucionalizar la cooperación público-social en forma de ordenanza antes de que acabe el mes

El concejal Nacho Murgui en la cesión un local en Ciudad Lineal
AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo
Actualizado 14/05/2018 13:33:05 CET

La cooperación público-social, presente en los huertos urbanos o en los espacios cedidos, puede convertirse en la segunda ordenanza de nueva creación de Ahora Madrid

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La ordenanza de Cooperación Público-Social, la segunda de nueva creación de Ahora Madrid tras la de Transparencia, comienza la cuenta atrás para su aprobación definitiva en Pleno e institucionalizar esta forma de relación entre la Administración y la sociedad civil, presente en los huertos urbanos o en la cesión de espacios.

Tras ser aprobada inicialmente en Junta de Gobierno el pasado 14 de marzo, el viernes pasará por la comisión de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, el último paso antes de llegar al debate en el Palacio de Cibeles con todos los grupos de la cámara.

Esta nueva ordenanza regularizará una forma de trabajar por parte de la Administración ya presente en los Equipos de Actuación Distrital en trece distritos, en los Planes de Barrio, los huertos urbanos, en los espacios cedidos a entidades...

Ha pasado más de un año desde que el área que pilota Nacho Murgui comenzara a trabajar en este texto, que se convertirá en la segunda ordenanza de Ahora Madrid de nueva creación, no modificación, tras la de Transparencia. Aquella recibió luz verde en julio de 2016.

Tras pasar por el Consejo Coordinador de Distritos, el Consejo Sectorial de Asociaciones, dos jornadas de puesta en común con entidades ciudadanas y el resto de áreas de gobierno, la futura ordenanza comienza ahora su tramitación para llegar al Pleno tras el preceptivo periodo de alegaciones.

REFERENTE EN GRANDES CIUDADES

El nuevo marco normativo pretende recoger las distintas fórmulas de colaboración entre la ciudadanía y el Ayuntamiento de Madrid. La cooperación público-social es un referente en grandes ciudades y en los países nórdicos es una práctica administrativa normalizada, han explicado en ocasiones anteriores desde el Gobierno municipal.

El Consistorio define la cooperación público-social como las distintas formas de colaboración entre las entidades y colectivos ciudadanos sin ánimo de lucro y el Ayuntamiento para el desarrollo de actividades de interés común para ambos, que conlleven la obtención de un beneficio general, y que dichas actividades sean distintas de la prestación de servicios públicos.

Podrán ser actores de la cooperación público-social el propio Ayuntamiento de Madrid y sus organismos públicos, así com entidades y colectivos ciudadanos sin ánimo de lucro inscritos en el Censo Municipal. En lo referente a la participación en el desarrollo de los proyectos se extenderá a otras administraciones, como pueden ser universidades, y a personas físicas/jurídicas de derecho privado.

QUÉ ACTIVIDADES PROMUEVE

Sus actividades podrán desarrollarse, entre otras, en materias de urbanismo, medio ambiente urbano, protección de la salud pública, del deporte y utilización del tiempo libre, de la cultura, participación ciudadana en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información, justicia social, lucha contra la violencia de género y la LGTBI fobia, mejora de las políticas públicas...

La futura ordenanza incorpora la creación de un futuro registro de Cooperación Público-Social, donde se tendrán que inscribir todos los proyectos desarrollados por entidades y colectivos, en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid. Tendrá carácter gratuito y público y la información que contenga será accesible en formato abierto, respetando la normativa sobre protección de datos personales.

Para seleccionar las actividades a desarrollar se convocarán procesos de concurrencia competitiva y, como excepción, cuando la normativa sectorial aplicable así lo permita, se podrá acudir a la selección directa.

En esos criterios de selección se tendrá en cuenta los fines perseguidos, que existan espacios de toma de decisiones abiertos o que promuevan el reequilibrio territorial, igualdad y justicia social con acciones abiertas, inclusivas y preferentemente gratuitas.

La futura ordenanza establece que se podrán conceder subvenciones que contribuyan a la obtención de fines de utilidad pública o interés social y a la sostenibilidad financiera de las actividades, además de poder autorizar el uso temporal de bienes muebles o inmuebles a entidades y colectivos ciudadanos sin ánimo de lucro para el desarrollo de acciones de cooperación público-social.