Maestre remarca que la diferencia de la imputación de Dancausa reside en un quebranto patrimonial de 12 millones

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Publicado 22/06/2017 13:58:00CET

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre, ha remarcado que la diferencia entre la imputación de los concejales Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer con respecto a la de la delegada del Gobierno, Concepción Dancausa, reside en un quebranto patrimonial de 12 millones de euros detectado en Mercamadrid.

Los dos ediles de Ahora Madrid han sido llamados a declarar el próximo 18 de septiembre acusados de malversación de caudales públicos, prevaricación y delito societario después de denunciar ante la Fiscalía el convenio firmado entre el Ayuntamiento y el Mutua Madrid Open. Dancausa ha sido imputada por delito societario durante su gestión de Mercamadrid.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, Maestre ha señalado que en Ahora Madrid defienden que no se ha producido enriquecimiento de terceros al haberle dado el contrato a un despacho de abogados externos mientras que el PP apuntan a lo contrario, lo que les llevó a querellarse.

La portavoz ha expuesto que la actuación de Sánchez Mato y Mayer está "dentro del marco de la legalidad" que marca la Ley de Contratos de los servicios públicos y que resulta obvia la diferencia con respecto a los casos de enriquecimiento descubiertos en los "constantes casos de corrupción relacionados con la acción del PP en sus 25 años en la Comunidad".

La querella del PP se presenta contra dos concejales que "pusieron en conocimiento de la Fiscalía posibles actuaciones irregulares relacionadas con sus predecesores sobre el uso, bueno o malo, del dinero público", es decir, que no le dieron un contrato a "amigos" para enriquecerlos. "Es una diferencia que cualquier ciudadano es capaz de evaluar", ha rematado.

En cuanto a Dancausa, la portavoz ha subrayado que ella nunca pidió su dimisión y que en el caso de Mercamadrid se habla de un quebranto patrimonial de 12 millones de euros de mano de un contrato firmado por el PP y que ha supuesto una "sangría" para el dinero público.

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