Moix envía a la Fiscalía del Supremo la denuncia de las clínicas privadas contra Gómez por supuestas coacciones

Actualizado 15/07/2013 17:12:50 CET

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Manuel Moix, ha remitido a la Fiscalía del Tribunal Supremo la denuncia presentada por la Confederación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados contra el secretario general del PSM, Tomás Gómez, por supuestas coacciones por el burofax que remitió a empresas especializadas en la gestión sanitaria.

Así lo ha manifestado Moix a Europa Press en relación al decreto que se ha dictado para remitir la documentación de la denuncia debido a la condición de Gómez como senador. "La Fiscalía del Supremo tendrá que valorar si es competente y si hay delito en los hechos", ha señalado.

La denuncia se interpuso al entender las clínicas privadas "que su objetivo era que no se presentaran al concurso para la gestión externalizada de seis hospitales de la región".

La denuncia expone que una parte significativa de los miembros de la Confederación y la Asociación han recibido este burofax, que a su juicio tiene un "matiz eminentemente coactivo" y que perseguía "intimidar" a las empresas en caso de que optaran al proceso de externalización.

"La remisión de este burofax con tintes intimidatorios ha estado perfectamente calculada por el señor Gómez, al igual que su finalidad, que no ha sido otra que alejar a los posibles licitadores del concurso para la gestión sanitaria, utilizando para ello en este caso la dimensión mediática que ha obtenido la noticia del burofax", expone la denuncia.

Aparte, considera que la actuación de Gómez no solo supone una "amenaza" a los miembros de la Asociación y la Confederación, sino que daña a "todo el sector sanitario" y causa un "grave perjuicio" para la ciudadanía, para los propios profesionales de la sanidad y para la economía nacional.

De hecho, De Bustamante ha aseverado que las declaraciones de Gómez dañan "la marca España" en el sector de la sanidad pues pueden alejar inversiones al país con una actuación política que genera "inseguridad jurídica".

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