MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -
El delegado de Coordinación Territorial y Asociaciones, Nacho Murgui, reformulará y pondrá al día la declaración de utilidad pública para las entidades ciudadanas con el fin de "ensanchar" el acceso de las asociaciones a los recursos municipales.
El también segundo teniente de alcalde ha argumentado este viernes en la comisión de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto que hay un tejido social que viene desarrollándose desde hace muchos años y otro "que surge con diferentes formas y modalidades de organización y que debe tener derecho a acceder a determinados recursos municipales".
La edil de Ciudadanos Sofía Miranda ha llevado esta cuestión a la comisión, donde ha acusado a Murgui de "no creer profundamente" en la importancia del tejido asociativo para el desarrollo de la ciudad. El que fuera presidente de la Federación Regional de Vecinos de Madrid (FRAVM) ha contestado que el tejido asociativo "cumple una función insustituible en el desarrollo de la democracia". "Detrás de cada biblioteca, de cada parque, de cada centro de salud verá la historia de los movimientos vecinales y ciudadanos", ha defendido.
Y todo con las directrices de cesión de espacios municipales a entidades ciudadanas como telón de fondo. El Ayuntamiento democratizará este acceso, como explicó meses atrás el propio Murgui, basándose en criterios objetivos como el arraigo en el barrio; que tengan una trayectoria, lo que no excluye a las que no hayan sido declaradas de utilidad pública ya que también se piensa en las iniciativas emergentes; la cooperación con otras entidades y que tengan personalidad jurídica.
Miranda ha lamentado que quiera acabar con las declaraciones de utilidad pública, que es un "reconocimiento a la labor de esas entidades" al garantizar su objeto social o que sus fines promuevan el interés general, más allá de los beneficios para sus asociados.
Entre las ventajas que ha citado que tenían las asociaciones declaradas de utilidad pública se encontraba la posibilidad de que el Ayuntamiento les cediera un local, algo que ahora el delegado "lamina al ponerlas todas al mismo nivel", o el acceso a las subvenciones para el fomento del asociacionismo.
LA "BIRRIA" DE LAS SUBVENCIONES
También ha citado la posibilidad de participar en los consejos territoriales y la de incluir proposiciones en los plenos cuando ahora "esta facultad la puede ejercer cualquier vecino a título individual". En definitiva, cree que el equipo de Murgui "se carga el estímulo de las asociaciones y las iguala con las que inician un camino de dudoso interés general", antes de lanzar al delegado que esas son "sus asociaciones".
Nacho Murgui le ha preguntado irónicamente a Miranda que anteriormente cuántas entidades pudieran acceder a locales, lo mismo que pasaba con las subvenciones en los últimos años, un número que ha calificado de "birria", además de estar "constreñidas en el aparato burocrático". En cuanto a los consejos territoriales le ha recordado que las asociaciones acabaron abandonándolo al considerarlo inútil. Tampoco se ha olvidado de la apertura de la participación en los plenos. "Hemos cometido el pecado de abrirlos a un mayor grado de participación", ha lanzado.
El concejal ha contestado a Ciudadanos que se dirigen a una reformulación de la declaración de interés público y no a una eliminación, de la que era partidario en un principio aunque cambió de postura tras el diálogo mantenido con los partidos políticos y el tejido asociativo. La clave sigue siendo la "apertura".
"LECCIÓN DE DERECHO PARA DUMMIES"
Por otro lado, Murgui ha contestado a Ciudadanos que la normativa a aplicar en la cesión de espacios incluye las directrices aprobadas en Junta de Gobierno como la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas y la Ley de Régimen Jurídico de las Administración Públicas.
Sofía Miranda ha defendido, por su parte, que tanto Murgui como el delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, deberían pasar por "una lección de derecho para dummies" por el "desconocimiento profundo" que tienen hacia los bienes demaniales, los que están afectos al uso de servicio público.
La edil ha argumentado que las cesiones se podrían hacer a entidades con declaración de función pública pero para bienes patrimoniales. Sofía Miranda ha avanzado que recurrirán todas las decisiones con las que no estén conformes. Murgui le ha animado a denunciar si detectan una vulneración de la legalidad, antes de añadir que las iniciativas que presentan pasan como paso previo por los servicios jurídicos.
