MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -
El número de viviendas okupadas en la región ha subido y se sitúa ya en las 5.000, un fenómeno delictivo en auge que tiene una mayor incidencia en los barrios del sureste de la capital como Usera y Villaverde y en los municipios del sureste de la Comunidad.
Así lo ha expuesto esta mañana el coordinador de la Oficina de Viviendas Ocupadas de la Policía Nacional, Sergio Gámez, durante la Jornada sobre esta problemática que ha organizado la Federación Madrileña de Municipios y que ha contado con la inauguración con su presidente y alcalde de Arganda del Rey, Guillermo Hita, y con la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa.
De hecho, Dancausa ha recordado que desde que en abril de 2016 se pusieran en Madrid dicha Oficina, se han realizado 615 juicios rápidos, con los que se ha podido recuperar 1.355 viviendas, de las que se han liberado 953 este año. Más de la mitad de las viviendas okupadas son de la ciudad de Madrid, seguida de municipios grandes de la demarcación de la Policía Nacional y ya en menor medida de la Guardia Civil.
Según datos facilitados por el coordinador de la Oficina, en Fuenlabrada hay contabilizadas 218 viviendas en esta situación, en Leganés 147 y en Alcalá 127. En total, la media de las localidades de la demarcación de Policía Nacional es de 103 inmuebles okupados. La estadística se dispara en Madrid, con una media distrital de 145 y con barrios como Usera y Villaverde, con más de medio millar de pisos okupados.
No obstante, ha reconocido que se trata de cifras oficiales y comunicadas ya que en este, como en otros delitos, hay una cifra negra de hechos no comunicados o denunciados por desconocimiento o porque son okupaciones consentidas por sus propios dueños.
En Torrejón de Ardoz, por ejemplo, tiene contabilizadas 110, cuando un policía local del municipio ha señalado durante la Jornada que ellos tienen anotadas 330 después de un estudio realizado puerta por puerta. "Los datos que tenemos no son reales al 100 por cien, pero sí nos dan una horquilla para saber el ámbito en el que nos estamos moviendo", ha indicado Gámez.
Tanto la delegada del Gobierno como el coordinador policial han destacado en la Jornada que gracias a los juicios rápidos, que no todos los jueces aceptan para este tipo de casos, se han reducido los tiempos de recuperación de las viviendas de dos años a 15 días y dos meses.
"Llama la atención la cantidad ingente cantidad de viviendas del antiguo Ivima, hoy Agencia para la Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, y de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid. A lo mejor hace falta un poco de control de esas viviendas, ya que en muchas casas han muertos los beneficiarios y ya viven algún otro familiar, que puede ser una persona con posibles y puede ceder esa vivienda a quien realmente lo necesita. Hay una falta de control", ha subrayado Gámez.
También se encuentran con un gran número de viviendas okupadas que son propiedad de los bancos, grandes empresas y fondos de inversión. "Las tenían allí esperando momentos mejores para proceder a la venta", ha indicado.
Sobre el tipo de okupas, el coordinador policial ha descartado que se trata de mafias ni organizaciones criminales jerárquicamente establecidas, sino más bien "elementos que se hacen con dos o tres casas para gestionarlas y vivir de eso". Suelen entrar en las viviendas los viernes por la noche porque así no dan tiempo a reaccionar judicialmente hasta el lunes.
En este punto, Gámez considera que la ley es "muy laxa" porque las usurpaciones solo se castigan con 180 euros, por lo que han pedido a los alcaldes presentes en la Jornada que presionen a los sus partidos para un endurecimiento de la legislación para atajar el problema. Y afeado la labor de plataformas antidesahucios porque "están impidiendo la labor policial y están haciendo un flavo favor a la sociedad", aunque ha respetado su actuación en la sociedad democrática.
El responsable de la Oficina de Viviendas Ocupadas ha insistido en que cada caso de okupación es distinto y que ha encontrado "cantidad de visicitudes" en su trabajo.
Así, se ha encontrado con anuncios en webs de segunda mano buscando pisos para okupar, contratos ficticios de compraventa de pisos okupados por cantidades ridículas, entradas a viviendas a través de butrones desde la contigua o empresas de desokupaciones que han pagado 8.000 euros a los usurpadores para que se fueran de una vivienda.
PROBLEMÁTICA EN MUNICIPIOS
Durante la Jornada también han tomado la palabra representantes de ayuntamientos como Ambite, un municipio madrileño de 600 habitantes que tiene diez casas okupadas, donde hay menores y se vende droga. El comandante de la Jefatura de Operaciones de la Guardia Civil ha señalado que se están poniendo con los propietarios para iniciar el procedimiento judicial, porque son los dueños los que tienen que comenzar el proceso y sin ellos no se puede hacer nada.
Por otro lado, una representante del Ayuntamiento de Torrelodones ha mostrado su preocupación y desesperación por una mansión okupada cerca de un centro escolar del municipio por parte de una persona con antecedentes por venta de drogas a menores que además la realquila.
"Hemos mandado al juez cartas de todos los directores de los colegios del municipio. Tenemos dos residencias de menores y este hecho nos lo ha complicado todo. Pero la jueza nos dejó claro cuando fuimos a verla que si no eres propietario no se puede hacer nada", ha señalado.
Por último, Sergio Gámez ha manifestado que si no se resuelve el problemas de las viviendas okupadas pude ir a más en los próximos años derivados del control de los edificios "para conseguir el poder" por parte de bandas latinas, mafias de origen extranjero o pandillas como Salvatruchas o Calle 18.
