Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 05/08/2009 14:18
Otra vivienda del Sector IV de la Cañada Real, en esta ocasión en Rivas Vaciamadrid, se ha salvado de la demolición gracias a un auto emitido por el Juzgado de Instrucción número 6 de Arganda del Rey convirtiéndose así en el primer caso que los vecinos ganan por la vía de lo penal.
Así lo explicaba a Europa Press el abogado de la asociación de vecinos del Sector IV, Roberto Alonso Martín, al apuntar que el de Rivas es un "caso especial porque es la primera vez que se denunciaba en vía penal el supuesto delito contra la ordenación del territorio de una construcción de la Cañada Real".
El auto del juzgado de Rivas, fechado el pasado 13 de julio, acuerda el "sobreseimiento provisional y el archivo de la causa" porque "no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que dio formación a la causa".
No es la primera vez que esta edificación ganaba en los tribunales. Ya lo hizo meses atrás, aunque esta vez por la vía contenciosa-administrativa. Entonces el juzgado también resolvió la suspensión de la demolición de la vivienda.
Esta construcción está en manos de la familia Martínez-Sanz, que recurrió la notificación de demolición firmada por el Ayuntamiento de Rivas. El Consistorio que preside José Masa envió en su momento varias notificaciones anunciando la demolición de la finca al considerarla una edificación ilegal. La familia ha mantenido en todo momento que reside allí desde hace ocho años.
Éste es el segundo caso que la asociación de vecinos del Sector IV gana en dos días. Ayer se conoció que una vivienda de más de 20 años asentada en este punto de la Cañada, concretamente dentro del término municipal de Madrid, se salvó de la demolición que había previsto para ella el Ayuntamiento de la capital por asentarse en la vía pecuaria gracias a una disposición del Juzgado Contencioso-Administrativo número 1.
En ella el juez acuerda la "suspensión de la ejecución de la orden de demolición" sobre este inmueble, autorizada el 24 de marzo de 2009. Para argumentar la impugnación hace referencia a una sentencia del Tribunal Supremo de 1999, en la que señala que "toda orden de demolición, si se ejecuta prematuramente, puede dar lugar, en el caso de quedar revocada jurisdiccionalmente a perjuicios de incuestionable dificultad de reparación".
El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, ya ha manifestado en varias ocasiones sobre la posibilidad de que los vecinos de la Cañada compren los terrenos para poder mantener sus casas una vez que se produzca la desafectación que cuando esto último tenga lugar "no significará el traspaso de titularidad porque será un bien patrimonial propiedad de la Comunidad de Madrid".