La oficial al cargo aseguró que no había medios policiales suficientes y un agente apuntó al "conflicto laboral para no pagar horas"
MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -
El juez Eduardo López Palop, al frente del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, ha destacado en el auto con el que cierra la investigación del caso Madrid Arena que el "macro botellón" fue una de las causas de la tragedia, lo que le ha llevado a acusar formalmente al inspector jefe de la Policía Municipal, Emilio Monteagudo, por su "negligencia" como responsable máximo del Cuerpo, al considerar que la presencia policial fue "contemplativa, insuficiente, esporádica" y denotó "una pasividad inadecuada para la gravedad de los hechos que estaban aconteciendo".
"La Policía municipal ni evitó, ni palió ni aminoró (el botellón) sino que tuvo una actitud que benévolamente puede ser calificada de contemplativa", afirma el juez en el auto fechado el pasado 29 de agosto.
Monteagudo es acusado de delitos de homicidio por imprudencia grave y lesiones como máximo responsable de la actuación del cuerpo policial a su mando durante el botellón, que tuvo "una importancia decisiva como desencadenante de la tragedia que posteriormente habría de producirse".
Dicho botellón se produjo en los aledaños al Madrid Arena "desde varias horas antes" de que empezara el espectáculo y que, según los testimonios de asistentes, "llegaba desde la salida del metro de Lago", en una distancia "no inferior a un kilómetro".
En el mismo auto, Palop recuerda que la oficial al mando la noche de la tragedia y responsable del operativo del Madrid Arena, Cándida Jiménez, aseguró en su declaración que "no había medios" para controlar el botellón. De hecho, apuntó que en otros eventos en las mismas instalaciones se destinaron entre 60 y 70 agentes pero ese día "sólo había doce", número que hacía imposible controlar el acceso y el botellón que presumiblemente se iba a celebrar.
En la misma línea declaró otro policía municipal, que aseveró que eran "muy insuficientes los policías", que ese día "no hubo previsión" y que se debió "al conflicto laboral para no pagar horas".
Como consecuencia, el macro botellón tuvo consecuencias como la imposibilidad de que los servicios de emergencias pudieran socorrer a los heridos fuera del recinto "porque las ambulancias no podían pasar".
En opinión del juzgado, existe una "evidente relación causa-efecto entre el botellón, que nunca debió de haber existido, y el resultado letal producido". "El macro botellón no fue la única causa pero fue una de ellas, y como la encargada de impedirlo era la Policía municipal, el máximo responsable de la misma debe responder por su negligencia", concluye.
