FUENLABRADA, 15 May. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno municipal de Fuenlabrada ha rechazado en sesión plenaria --con los votos a favor del PSOE e IU, los votos en contra del PP y la abstención de UPyD-- el recorte educativo cifrado en 3.000 millones de euros en transferencias a las comunidades autónomas para así evitar el "deterioro" de la enseñanza, según ha informado el Ayuntamiento mediante un comunicado.
Con esto han rechazado "la repercusión directa que tiene en ratios, número de profesores y en la desaparición de programas en los distintos tramos docentes", según las mismas fuentes. En esta moción han pedido al Gobierno de la Comunidad de Madrid que "contrarreste las medidas adoptadas por el ministerio y rectifique su política de recortes educativos".
Además, han solicitado al Gobierno de la Nación que "dialogue" con las fuerzas políticas, la comunidad educativa y la Federación Española de Municipios para alcanzar un acuerdo que "permita garantizar el derecho a la educación y a la calidad del mismo".
Según ha explicado el concejal de Educación, Isidoro Ortega, estos recortes "suponen una importante regresión en la educación y un claro perjuicio para el alumnado en los diferentes tramos ya que afecta a programas esenciales como el denominado Educa 3 para la promoción del primer ciclo de educación infantil, el programa 2.0, la reducción en la oferta de bachillerato, el descenso en las clases de refuerzo, el incremento sin precedentes en las tasas universitarias, entre otras".
El edil ha resaltado que estos recortes "persiguen un objetivo que es la privatización de la educación y en consecuencia la aplicación de un cambio de valores y modelo en el país".
Además, según fuentes consistoriales, esta privatización "se refleja en datos concretos, ya en el pasado curso había más centros privados que públicos en la Comunidad de Madrid". Según las mismas fuentes, en la última década se han construido en la región 292 centros públicos frente a los 728 privados, y en muchos casos con cesión de terrenos por parte de la propia administración regional.
Finalmente, PSOE e IU han señalado que la política educativa de la Comunidad de Madrid "atenta contra la igualdad de oportunidades y contra los derechos básicos de los ciudadanos".
