Podemos y PSOE remarcan que hubo una ampliación de capital en 2014 y el encargado de la disolución dice que fue de 2012

Actualizado 06/10/2015 15:07:39 CET

El liquidador del Campus de la Justicia dice que el proceso fue legal y que no cobró nada por esa tarea

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El liquidador de la sociedad encargada del proyecto de Campus de la Justicia, Miguel Ángel Fernández Calvo, ha explicado que el proceso de disolución de la entidad fue ajustado a la legalidad, a lo que indicaron los economistas y técnicos, que no percibió "ni un euro" del Campus de la Justicia y que se constató en el proceso que el patrimonio de la entidad era de unos 25 millones de euros.

Así lo ha indicado durante su comparecencia en la Comisión sobre el Endeudamiento de la Comunidad de la Asamblea de Madrid, donde ha recibido las críticas de los grupos de la oposición sobre su cualificación para acometer el proceso de disolución de la sociedad y falta de información sobre ciertos aspectos del proceso.

Fernández Calvo ha dicho que el proceso hasta hacer efectiva la disolución duró unos seis meses entre el tránsito del año 2014 al 2015, explicando que desde 2012 no se contaba con plantilla y que se acometía gasto básico para el suministro como el agua o la luz, unido a otros conceptos como el gasto propio de auditores, gestoría y notaría, preceptivos para liquidar la sociedad.

También ha dicho que se acordó el reparto de la red social al socio, en este caso la Comunidad de Madrid, y que el importe de patrimonio era de unos 25 millones de euros. Además, el liquidador ha señalado que no se conocen deudas a terceros y que el proceso de gestión fue "aséptico".

"¿DÓNDE ESTÁN LOS 105 MILLONES DEL PROYECTO?"

La comparecencia no ha satisfecho a los grupos de la oposición y el diputado de Ciudadanos, César Zafra, ha lamentado que no haya aportado datos sobre el destino de los 105 millones que al parecer se inyectaron en ese proyecto ni cómo se tardó unos cinco años en proceder a la disolución del proyecto, pues tiene entendido que ya estaba contemplado en la Ley de Acompañamiento a los presupuestos regionales de 2010.

A su vez, ha requerido información sobre el coste de las auditorías y gestorías, pues sospecha que parte del "dinero de los madrileños" han ido a cosas que "nada tienen que ver" con sus necesidades.

Uno de los más críticos ha sido el diputado de Podemos Eduardo Gutiérrez, quien ha reprochado que Fernández Calvo, como administrador único, no haya ofrecido datos de las cuentas entre 2010 y 2014 pese a que tenía la obligación, a su entender, de presentarlas en el registro mercantil.

A su vez, le ha preguntado sobre una posible ampliación de capital cinco meses antes de unos 20 millones de euros cinco meses antes de la disolución, ante lo cual el liquidador ha explicado que ello corresponde al año 2012.

EL PSOE CUESTIONA LA IDONEIDAD DEL LIQUIDADOR

La diputada del Grupo Municipal Socialista, Mercedes Gallizo, ha cuestionado la idoneidad de Fernández Calvo para la labor de liquidación y entiende que se debe a una "decisión política", puesto que no es experto en economía ni tiene acreditación para acometer una tarea tan complicada como disolver una sociedad "opaca" y que ha sido un "agujero negro".

Tras incidir también en la cuestión de la ampliación de capital por valor de 20 millones de euros, Gallizo ha considerado que su elección es un dato "revelador" de cómo se ha abordado el final de la sociedad Campus de la Justicia.

Mientras, el representante del PP en la Comisión, el diputado Juan Antonio Gómez Angulo, ha cuestionado la idoneidad de esta comparecencia y ha dicho que la comisión tenía que haber arrancado abordando la cuestión del endeudamiento de la Comunidad en plano general. "No se puede empezar la casa por el tejado", ha dicho refiriéndose al inicio de la sesión parlamentaria con un tema concreto como el Campus de la Justicia.

FERNÁNDEZ CALVO DEFIENDE SU TRABAJO

Frente a estas afirmaciones, el liquidador ha dicho que no ha sido consejero, ni viceconsejero ni director general dentro del área de Presidencia y Justicia y que él no ha tomado ninguna decisión sobre este proyecto.

Además, ha asegurado que su tarea era coordinar el trabajo de los expertos y que no ha cobrado "ni un solo euro" ni dietas por esta tarea. "Ni un solo euro he percibido del Campus de la Justicia", ha insistido Fernández Calvo para indicar que la tarea de liquidar la sociedad era una más dentro de sus funciones en la Consejería y que obró de acuerdo al criterio técnico.

"Todo el trabajo para la efectiva extinción de la sociedad ha sido profesional", ha insistido el liquidador de la sociedad subrayando que todos los aspectos de la misma están auditados y disponen de la supervisión de la intervención general.

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