MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -
El presupuesto del Ayuntamiento de Madrid destina 188.913 euros a la Oficina municipal contra el Fraude y la Corrupción en 2018, recoge el proyecto de cuentas, aprobado el jueves por la Junta de Gobierno y consultado por Europa Press.
El magistrado Carlos Granados está al frente de la Oficina como director tras ser elegido por mayoría del Pleno el pasado enero con los votos favorables de Ahora Madrid y el PSOE, y la oposición de PP y Cs.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) dio vía libre el pasado abril a la Oficina Antifraude del Ayuntamiento de Madrid tras rechazar integralmente el recurso presentado por la Delegación de Gobierno contra el acuerdo de Pleno del 23 de diciembre de 2016 y que había derivado en medidas cautelares.
La sentencia establece que la Oficina podía entrar en vigor con todas sus funciones, atribuciones y organización. El recurso presentado por Delegación de Gobierno apuntaba a una presunta "invasión de competencias atribuidas a otros órganos" del Consistorio, como la Intervención General y la Inspección General de Servicios.
La sentencia recogía que la Oficina está dentro del ámbito de potestad de organización de las administraciones locales y que "no hay duplicidad de funciones ni invasión de competencias ni por parte de Intervención, ni de Inspección de Servicios ni de la asesoría jurídica".
La decisión judicial apunta que la Oficina "se ajusta a derecho en el diseño de la dirección y de su consejo asesor", igual que la selección de sus miembros a los mandatos constitucionales de igualdad, mérito y capacidad y, por lo tanto, "no hay vulneración de la ley de incompatibilidades de las personas al servicio de la Administración".
Tampoco hay vulneración legal en la creación del registro de la Oficina ni se vulnera ninguna norma ni garantía del derecho sancionador, recoge la sentencia, que añade que es "correcto el tratamiento de datos obtenidos confidencialmente por la Oficina".
De este modo "caben las denuncias anónimas como medio para llevar determinados hechos a conocimiento de la Administración, lo que permitirá al Ayuntamiento investigar determinados hechos si tiene indicios mínimos de verosimilitud".
