MADRID, 26 (EUROPA PRESS)
La ordenanza de Transparencia, la primera en el Ayuntamiento de Madrid de este tipo y el primer texto normativo del mandato de Ahora Madrid, podría ver la luz este miércoles en el Pleno de Cibeles, incluido el esperado registro de lobbies.
El delegado de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, Pablo Soto, siempre ha sacado pecho por esta norma "ambiciosa y de máximos" en lo que a publicidad activa se refiere, con mecanismos alternativos para asegurar el derecho de acceso a la información. Así, Madrid se pondrá al mismo nivel de las ciudades más avanzadas en transparencia y permitirá, por ejemplo, que un ciudadano, con el envío de un simple correo electrónico, pueda obtener respuesta directa por parte de la Administración.
La novedosa ordenanza de Transparencia del Ayuntamiento de Madrid incluye multas, la opción de resolver un contrato si las empresas no cumplen sus obligaciones en materia de transparencia, sanciones disciplinarias para los funcionarios que podrían llegar hasta la inhabilitación, control de las 'puertas giratorias' y un registro de lobbies.
LAS "DUDAS" DE LOS SOCIALISTAS
Precisamente el registro de lobbies fue la piedra en el camino de una ordenanza que en un principio contaba con el respaldo de los socialistas: finalmente en la comisión de Transparencia el dictamen positivo sobre el nuevo texto legal salió adelante con los votos de Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos y la abstención del PP aunque los socialistas manifestaron sus "dudas" sobre el registro de lobbies.
Sus dudas tenían que ver con la "viabilidad jurídica", además de "alguna diferencia sobre los lobbies". Los socialistas están "a favor de regularlos" pero temen cómo podría afectar al trabajo práctico de los concejales.
El concejal Ramón Silva llevó a la comisión el caso que podría darse si un ciudadano le parase por la calle al reconocerle como edil. "¿Tengo que sacar un formulario preguntando si no está incurso en alguna incompatibilidad?", planteó. Los socialistas pidieron más tiempo para cerrar "flecos", motivo por el que la ordenanza no se llevó al Pleno de junio.
LO QUE DICEN LAS ASOCIACIONES ESPECIALIZADAS
La Fundación Civio y Access Info Europe reaccionaron ante estas palabras. "Hablar con la calle con un ciudadano no es lo mismo que reunirse con un grupo de presión. El matiz es claro: sólo deben estar registradas aquellas personas o entidades que pretendan influir en la aprobación de una norma", explicaron.
Access Info y Civio son partidarias de establecer sanciones a todo alto cargo que se reúna con grupos de interés no inscritos previamente en el Registro de Lobbies e impuestas siempre por un órgano independiente, no por la Junta de Gobierno. Ambas organizaciones se ponen a disposición de todos los grupos para ayudar a que los madrileños cuenten con "la mejor ordenanza de transparencia posible".
Finalmente no se aceptó en comisión la enmienda presentada por el PSOE, en la que pedían una nueva redacción en el artículo que fija de la creación del registro, incluyendo la inscripción y el control de las personas físicas y jurídicas o entidades sin personalidad jurídica que actúan "de forma habitual" directamente o en representación de un grupo organizado.
Los socialistas argumentaban que, en base a un informe de la asesoría jurídica y según el consejo de expertos en la materia, en la regulación de los lobbies sería preferible "acotar la definición antes de hacer una interpretación expansiva".
UN REGISTRO VOLUNTARIO SERÍA INEFICAZ
Por su parte, Pablo Soto explicó que los estándares internacionales dicen que los registros voluntarios de lobbies son ineficaces y "sí se puede hacer funcionar uno obligatorio, que no disuade la interlocución entre la Administración y los grupos de presión".
El registro de lobbies del Ayuntamiento de Madrid creará listados temáticos a través de los cuales se enviará información sobre procesos de participación abiertos o por abrir para que todo el que esté interesado pueda conocerlos y participar. Además a través del propio registro las entidades inscritas podrán convenir fácilmente reuniones con el Ayuntamiento.
Sobre los lobbies, el PP planteó ampliar las obligaciones y no limitarlas a los concejales. Se trataría de extenderlas al personal eventual y a los titulares de las demás entidades afectadas por la ordenanza.
El dictamen de la comisión, a la espera de lo que ocurra en el Pleno, recoge que las personas individuales no van a tener que registrarse, ni tampoco las asociaciones inscritas en el registro de entidades ciudadanas. Sí habrá de hacerlo todo grupo que, en defensa de sus intereses, viene a tratar de incidir en las decisiones públicas y en la generación de nueva normativa, que es la definición de lobby.
En cuanto a sindicatos y organizaciones empresariales, el Consistorio determinará la no necesidad de registrarse como lobby en determinados casos, por ejemplo, en la negociación de un convenio colectivo o de un plan a poner en marcha. En esos casos, en los que el Ayuntamiento se pondría en contacto con empresas y sindicatos para consultar su opinión y posicionamiento, dichas entidades no tendrían que registrarse como lobbies al no ser consideradas como tal en dichos supuestos.
También se excluirán las reuniones de aquellas personas que quieran comentar asuntos personales con sus representantes. Además establece que las asociaciones inscritas en el Registro de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Madrid no tendrán que inscribirse en el registro de lobbies.
El registro de lobbies no es una medida muy extendida en España aunque sí hay experiencias, como en Cataluña. El modelo ya es un 'viejo conocido' en Reino Unido o Francia: se trata de conocer las reuniones con cualquier persona que influya en la toma de decisiones de lo público, además de los intereses que representan, para que se pueda ver la vida de una decisión o de una norma concreta.
Según Transparencia Internacional, Europa está más atrasada que Canadá o Estados Unidos. En concreto sólo siete países tienen leyes o normas específicamente diseñadas para regular las actividades de lobby (Austria, Eslovenia, Irlanda, Francia, Lituania, Polonia y Reino Unido).
En el registro aparecerán tanto las reuniones de los concejales como las de los directores generales, los temas tratados, la documentación entregada y un enlace para conocer los intereses de esos grupos.
Entre las enmiendas que no consiguieron salir adelante en comisión destaca la del PP que pretendía que a los ciudadanos se les entregase una factura cada vez que hicieran uso de un servicio municipal para que conocieran su coste. "Eso más que un asunto de transparencia parece de concienciar a la gente de lo carísimos que son los servicios públicos para disuadirles del uso", explicó el delegado.
